El futuro de Juan Carlos
Estas semanas han sido pródigas y contradictorias las noticias sobre la suerte judicial y fiscal del rey honorífico, desde que abdicó la Corona, no sin antes habernos dejado el mensaje de que iba a comprometerse con la ejemplaridad que reclamaba para los demás. Pero la Casa Real parece tranquila y segura de que todo va a quedar en nada.
Inicialmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostenía que Juan Carlos hubiera podido haber cobrado “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”, sospecha desprendida de comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Supremo a las autoridades suizas, que mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, por el fiscal Yves Bertossa. Zagatka fue fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados por importe de 8 millones de euros.
Juan Carlos I aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio de 2021, cuando la fundación modificó sus estatutos. La Fiscalía del Supremo apuntaba que el exmonarca pudiera hacer incurrido en cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. La marcha de España del rey honorífico era la única salida al trascender la naturaleza de los negocios y sinecuras en el extranjero.
El asunto daría un nuevo giro, cuando, hace unos días, a Fiscalía General del Estado emitía una nota pública en la que rebajaba de modo notable el sentido acusatorio del motivo de la comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas el pasado febrero, donde se apuntaba en orden a posibles comportamientos indebidos de Juan Carlos e la percepción de comisiones de dudoso origen e ingresos ocultados a Hacienda.
Y se supo que los abogados del rey honorífico habían sido avisados con anterioridad de que se habían abierto tres investigaciones sobre el origen de su patrimonio por parte del teniente fiscal del Tribunal Supremo en junio, noviembre y diciembre de 2020 y pudieron regularizar los ingresos obtenidos antes de que fuera acusado de delito fiscal, por importe de cinco millones de euros.