El Gobierno se vuelve negacionista
A la mañana siguiente de conocerse los malos datos del día anterior, el Gobierno se vuelve negacionista con los efectos del virus. Hay que mirar al futuro, dijo ayer Sánchez en el Congreso, y el futuro son las vacunas que proporcionarán la inmunidad de grupo dentro del 98 día, añadió. El grado de optimismo de Sánchez se me antoja un tanto impostado. Exagera por razones políticas partidistas, dispuesto a copiar el estilo de Ayuso en Madrid pero desconociendo que las copias son peores que el original y que lo que vale para la Villa y Corte no tiene porque replicarse miméticamente en el resto de España.
Las cifras de la pandemia siguen siendo insoportables. El día anterior a su comparecencia se produjeron en España cerca de 5.000 contagios con 205 muertos. La tasa de incidencia superaba los 180 por cien mil habitantes cuando debiera estar por debajo de 25 para respirar tranquilos. Después de los 98 días a los que apela Sánchez para cantar victoria habrán fallecido centenares o miles de personas, quién sabe cuántas por no querer afrontar con valentía esta dura realidad.
Se apropia además de la gestión y el trabajo de otros, porque las vacunas las compra la Unión Europea y son administradas por los servicios de salud de las comunidades autónomas. La principal actuación del Gobierno al respecto es, ahora y desde hace meses, poner palos en las ruedas autonómicas.
Tras conocer los términos de la resolución del Tribuna Superior de Xustiza de Galicia y de otros de su mismo rango autorizando las propuestas de restricciones de los respectivos gobiernos autonómicos parece evidente que los jueces están realizando malabares para aquilatar estas peticiones a la legalidad, con la buena intención de colaborar en lucha contra la pandemia. Es revelador de las dudas y dificultades la apelación a la proporcionalidad –un concepto subjetivo–, advirtiendo además de la temporalidad de las autorizaciones. En el caso gallego también habrá tenido en cuenta la seriedad con la que el comité clínico llevó a cabo la gestión de la crisis, cuyos resultados están ahí.
Pero no en todas las autonomías hubo la misma respuesta judicial. Precisamente en el País Vasco, con la peor situación de España, el tribunal respectivo se pronunció en contra. También en otros territorios, en alguno de los cuales se recurrirá al Supremo.
Se hubieran evitado estas situaciones contradictorias si, como pide todo el mundo salvo PSOE y Podemos, dispusiéramos de una legislación específica para enfrentarse a la COVID-19. Porque no solo es esta pandemia y las preocupantes mutaciones que se están produciendo, si no las que puedan venir en el futuro.
La negativa de Sánchez a cualquier modificación legal resulta incomprensible. Anteponer de manera tan burda los intereses electorales –se supone que andaluces en primer lugar– no creo que le proporcione réditos. Diría que se cruza de brazos porque no sabe qué hacer. Esta incapacidad se da también en aquellos asuntos de mayor importancia, como las reformas fiscal, laboral y de las pensiones. Demoras y mensajes contradictorios son el pan de cada día. Mientras, el virus sigue matando.