El pensamiento gramófono y la política oficial
EN el prólogo a una de sus obras más conocidas, La rebelión en la granja, George Orwell denuncia, en el ámbito de una cerrada apología de la libertad de expresión, lo que él llama “pensamiento gramófono”. Un pensamiento que a su juicio se caracteriza, entre otras cosas, por la repetitiva defensa, esté uno o no de acuerdo con el disco que está sonando en cada momento, del pensamiento oficial, en detrimento del pensamiento independiente, que, en el peor de los casos, se desprecia, bajo epítetos como los de “desleal”, “obstruccionista” o, incluso, “fascista”.
Esto, que es propio de una política que no invita a pensar, sino que aspira a imponer lo que se debe pensar, encuentra su personificación más exacta en Rubashov, de El cero y el infinito, de Arthur Koestler, para el que el honor consiste en ser útil, no en causar problemas.
En este contexto, resulta oportuno traer a colación las reacciones de la Real Academia de la Historia y del Consejo General del Poder Judicial al programa de la asignatura de Historia de España propuesto por el Ministerio de Educación para el bachillerato, y al proyecto de Ley de Vivienda, respectivamente, ninguna de ellas del agrado del pensamiento oficial.
En el primer caso, la Academia censuró dicho programa, considerando que hay en el mismo una sobrerrepresentación de contenidos políticos en perjuicio de los historiográficos, lo que “hace imposible discernir si la materia es histórica o ético-proyectiva”. Con ello, al igual que con lo sucedido con el proyecto de Ley de Memoria Histórica, se pretende escribir la historia no de acuerdo con lo ocurrido, sino con arreglo a lo que, de acuerdo con el pensamiento oficial, debería haber ocurrido.
En el segundo caso, el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en relación con el proyecto de Ley de Vivienda, rechazado por amplia mayoría de sus miembros, abre la puerta a otro, previsiblemente de naturaleza contraria al aprobado, más en línea con el pensamiento oficial. Sea como fuere, este proyecto plantea dos cuestiones de suma importancia, como son el control del precio de los arrendamientos en determinados supuestos, y la competencia de las comunidades autónomas en la materia.
La primera, de carácter marcadamente intervencionista, tendrá, de progresar, una indudable incidencia en el mercado y en los derechos de los propietarios; la segunda, discutida, cuenta con pasados pronunciamientos judiciales que ponen en duda que esas competencias puedan verse afectadas, y que a mi juicio son discutibles.
La crisis de Ucrania ha puesto de relieve una vez más las contradicciones en las que se mueven la política exterior europea y la de nuestro propio Gobierno. En este último caso, resultan llamativas dos cosas: por una parte, las diferencias, dentro del propio Gobierno,
entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, dispuesto a condenar la violencia usada en defensa propia por los países occidentales, pero no la usada por los países comunistas, como es el caso.
Y, por otra, el sorprendente llamamiento hecho por el ministro de Asuntos Exteriores a una “unidad nacional”, una unidad que el pensamiento oficial ha desechado en otras áreas, no sólo la de Política Exterior en su conjunto, sino también las de Defensa, Justicia y Educación, que requerirían, todas ellas, un pacto de Estado, impermeable a los sucesivos cambios de gobierno.
Por último, el nacionalismo, tema recurrente donde los haya, es una prueba más, no de la fortaleza del Gobierno, como debería ser en el caso de un gobierno que se precie, sino de su debilidad. Y no sólo en el tema de la lengua, con el rechazo nacionalista a cumplir con las sentencias judiciales firmes, sino también en el de los presupuestos, a merced no de lo que el país necesita, sino de lo que los nacionalistas demandan.
Hay, en este sentido, una frase de George Orwell en sus Notas sobre el nacionalismo que a mi modo de ver lo define con una claridad meridiana, al decir que “el nacionalismo es sed de poder mitigada con autoengaño”. Proclive a esta clase de prestidigitaciones, el nacionalismo está dispuesto a poner en tela de juicio su propia honestidad, pero también, por extensión, la del Gobierno que le apoya.