Elogio de estos 40 años
DURANTE la Transición de la dictadura a la democracia en España, periodo de tiempo que podemos establecer entre la muerte de Franco (1975) y, más difícil señalar el final, aunque podríamos tomar como referencia diciembre de 1978 en que se aprobó la Constitución, era frecuenta referirse a los 40 años de franquismo, tanto entre los nostálgicos del régimen anterior como, y en mayor medida, los partidarios de la democracia ya en construcción. Había entonces el deseo, más que la convicción, de que la España de las autonomías superaría también en longevidad a la dictadura.
El objetivo se cumplió. Entre otras pruebas del aserto podemos señalar que hace cuatro años superamos las cuatro décadas de las primeras elecciones (15-J de 1977), el 6 de diciembre celebraremos los 43 años de la Carta Magna y el pasado febrero los cuarenta del 23-F. Y en Galicia también. Tal día como ayer de 1981 acudíamos a la urnas por primera vez en la historia de esta tierra para elegir el Parlamento que pondría en marcha el autogobierno. Culminaba así la Transición en Galicia, nacía una nueva era.
El balance es positivo. Y diría que espectacular si los comparamos con otros periodos de nuestro pasado, sobre todo con el inmediatamente anterior. No es gran mérito, retrucarán algunos, pero creo que sí, que la diferencia entre la Galicia y la España actual y la de cualquier tiempo pasado resulta extraordinaria. Asimismo, la homologación política, social y económica con los países más desarrollados del mundo también es una evidencia.
Una prueba de que el sistema funciona está en la cada día menor convicción con la que se plantean los cambios. Lo acabamos de ver en el reciente debate del estado de la autonomía. Ni siquiera el PSOE, que hizo mención verbal del asunto, lo propuso formalmente. Lo mismo sucede con la reforma de la Constitución, cada día menos cuestionada en la práctica, porque el runrún solo sirve para hacer ruido.
El sistema político autonómico salió reforzado con la gestión de la pandemia, tanto en la parte de contención de la epidemia como después en el proceso de vacunación. Tras unos primeros meses de caos, cuando la Administración central estaba al frente, en la que España lideraba los datos más negativos de Europa, cambió la tendencia a medida en que las autonomías tomaban las riendas. El proceso de inmunización ejecutado de manera descentralizada durante todo este año está siendo un éxito de alcance mundial. Sería bueno que para afrontar los efectos colaterales, o sea, los económicos, se prestara atención al modelo. La eficacia en la distribución de los fondos será mayor si la responsabilidad de la gestión es compartida.
Los retos a los que se enfrenta hoy España no dependen de nuestra arquitectura institucional. Hay factores de comportamientos políticos, aparte el contexto mundial, que afectarán a la recuperación. Uno de los principales es la inseguridad jurídica, provocada por los vaivenes de un Gobierno débil, que ha de contentar posiciones contrapuestas para sobrevivir. El problema no se resuelve cambiando la Constitución para suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado. La clave está en las mayorías parlamentarias, cuya volatilidad provoca incertidumbre, cuando no decisiones incorrectas.
Tampoco la reforma del Estatuto de Galicia evitaría el calvario de la industria gallega. Su desmantelamiento es consecuencia de intereses económicos, tolerados desde el ámbito político estatal, y prioridades ideológicas. La transición política española fue para construir. La energética que se nos vende como preludio de un paraíso ecológico, solo destruye hasta el momento. Eso no es transición. Y mucho menos justa.