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En manos del Supremo

    AQUELLOS que esperaban que el Gobierno cambiara de opinión y accediera a una prórroga del estado de alarma han visto defraudadas sus expectativas porque Pedro Sánchez ha seguido en sus trece y no ha atendido las peticiones que le llegaban desde los gobiernos autonómicos para que mantuviera el marco de excepcionalidad que permite la limitación de los derechos fundamentales para hacer frente al COVID-19, sobre todo relacionados con la limitación de la movilidad con toques de queda, confinamientos y del derecho de reunión.

    Al decaer el estado de alarma cualquier limitación de esos derechos quedaba sujeta a la autorización judicial que hasta ahora habían emitido sentencias contradictorias entre la declaración de los dos estados de alarma. Para evitar estas fricciones la nueva norma aprobada por el Gobierno, vía decreto ley, sitúa en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo que fije la jurisprudencia de obligado cumplimiento en un plazo de cinco días en el caso de que los tribunales inferiores dicten sentencias contradictorias y sean recurridas.

    Pese a que la prórroga del estado de alarma procedía de gobiernos autonómicos de distinta procedencia ideológica y entre los que se encontraban alguno dirigido por socios necesarios del Gobierno, la votación favorable a esa medida no estaba garantizada entre otros motivos porque, al tiempo que algunos barones populares pedían que se mantuviera ese instrumento, los dirigentes del PP de Génova no la iban a apoyar.

    De nuevo el principio de cogobernanza para hacer frente a la pandemia ha quedado dañado, aunque el intento que se ha realizado a lo largo de los últimos meses ha sido el más relevante pese a que las tradicionales reticencias de los gobiernos nacionalistas a las se han sumado las de algunos presidentes autonómicos del PP y del PSOE, que han antepuesto sus intereses particulares que han impedido la adopción de medidas por unanimidad.

    A la postre, el Supremo puede conseguir lo que no ha logrado el Gobierno, que todos los gobiernos autonómicos sigan las mismas directrices. Sin desviarse.

    05 may 2021 / 01:00
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