Enemigos de la Constitución con Sánchez
A lo largo de mi carrera como periodista, pude conocer y entrevistar a personajes clave de aquella convulsa España de los años 30, y repasar con calma sus propias responsabilidades en la tragedia de 1936. La mayoría de esas entrevistas se pueden consultar hoy en el Arquivo Sonoro de Galicia. Destacan Enrique Líster, Santiago Carrillo, José María Gl Robles, Dionisio Ridruejo, Luis Soto, secretario de Castelao; Santiago Álvarez, comisario comunista y secretario del PCG, al hermano de Durriti, a los generales Gutiérrez Mellado y Díaz Alegría, a varios ministros de Franco y a Eugenio Montes.
La conclusión general, desde la perspectiva de cada uno, era que el clima previo a la tragedia era que, según sus palabras, “no nos soportábamos”, vinieron a reconocer todos. La evidencia de la España de nuestros días, en el plano del diálogo político, reproduce un clima parecido a aquellos rotos los puentes de diálogo, respeto y tolerancia posible. Restablecerlos fue la gran función de la transición, clima que se ha ido deteriorando con el tiempo, hasta el punto insólito de que los propios miembros de la coalición de Gobierno califican a la Constitución de “Régimen del 78” y predican abrogarla un día sí y otro también, y ahora insultan y descalifican al rey.
Del aluvión de análisis que estos días se hacen, sorprende la parcialidad, las abstracciones. Es normal y ni siquiera se cuestiona la reforma precipitada, sin discusión, del Código Penal a la medida del descargar o anular, “realmente a la carta”, la responsabilidad de quienes incurrieron en actos que, se les califique de uno y otro modo, en cualquier país democrático, hubieran tenido reproche penal, impuesto por consocios de Sánchez por su apoyo, y por si fuera poco, los portavoces de los beneficiados presumen de ello, al tiempo que advierten que sus planes son perseverar y que tales rebajas en tipificación de sus actos es una medida de efectos esperados “a futuro”.
Pero es peor que desde la tribuna del Congreso se compare a los jueces con Tejero, se hagan analogías y se considere ilegítimo que en Cataluña se aplicara la Constitución y el Código Penal, calificándolo de “judicialización”, término asumido por Sánchez, que ha hecho suyo el lenguaje de los que afirman que fueron objeto de la “agresión del Estado”.