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Estado del Derecho

    EL Tribunal Constitucional, en la sentencia que anula ciertos aspectos del estado de alarma y aboga por el estado de excepción, incide en lo que cada vez piensa más gente: en España en lugar de un Estado de Derecho estamos en un Estado del Derecho. Lo importante, no es aplicar las normas con sentido común para conseguir el bien público, sino discutir sobre disquisiciones jurídicas al margen de las preocupaciones sociales.

    Hay una prueba del algodón aplicable a muchas actividades de la vida española. Se trata de preguntar si una actuación o un proceder dado es similar a la manera usual de hacerlo en los países de Europa. Así preguntamos si las universidades funcionan en la docencia y en la investigación como las europeas o si las empresas españolas funcionan como las europeas. Se trata de ver si España realmente esta integrada en Europa.

    En el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional la respuesta es no. En la mayor parte de los países se tomaron medidas similares a las tomadas aquí respecto a la pandemia, y los jueces no las anularon. Es preocupante que algunos miembros del Tribunal Constitucional piensen que pueden actuar aislados de la realidad social española y europea. Sería recomendable el requisito de que los miembros de dicho Tribunal hayan estado al menos durante dos años en algún país europeo. De esta manera sabrían mejor situar sus sentencias dentro de la realidad europea si saliesen de su burbuja.

    La sentencia contradice otra del mismo Tribunal dictada en abril de 2020, donde explícitamente indica la adecuación del estado de alarma dadas las condiciones excepcionales. Esperemos que una vez renovado el Tribunal Constitucional vuelva a cambiar el criterio sobre el estado de alarma.

    El ponente de la sentencia, anteriormente fue rector de la Universidad Juan Carlos I. Durante su mandato propició que se aprobasen másteres, sin necesidad de examinarse a determinados políticos y se contratasen familiares, como su misma esposa, que fue nombrada administradora de la Fundación asociada a esa universidad, o una cuñada, una hermana de Cristina Cifuentes, y un familiar de Ruiz Gallardón que se colocaron como personal de administración y servicios.

    No se entiende que siguiese como miembro del Tribunal Constitucional e incluso se le encargase la ponencia y redacción de la sentencia, después del desprestigio al que llevó a la Universidad Juan Carlos I.

    El prestigio de las Instituciones de va construyendo y fortalecimiento con la bondad, coherencia y cercanía de la sociedad a la que sirve. La actuación del Tribunal no contribuye a su prestigio sino todo lo contrario. Parece que para el Tribunal es más importante el Estado del Derecho que un Estado de Derecho que realmente sirva al bien común y a sus verdaderas libertades, con humildad, sin pretender dar lecciones a los países europeos.

    23 jul 2021 / 01:00
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