FP, política de país
EN febrero de este año el Consello de la Xunta, presidido aún por Alberto Núñez Feijóo, decidió dar un impulso definitivo a la Formación Profesional dentro de la estrategia diseñada para consolidar la red de centros de excelencia “y fortalecer la formación adaptada a las personas y al tejido productivo”. Una iniciativa para la que el Gobierno gallego presupuestó 900 millones de euros a invertir en los dos próximos ejercicios.
Para cuando la Xunta se decidió por tan ambicioso proyecto formativo, la realidad de la enseñanza en Galicia –con el favorable dato de registrar uno de los índices de abandono más bajos de España y por debajo, aún, de las exigencias europeas– había evidenciado ya el exponencial crecimiento que esta modalidad educativa de la Formación Profesional estaba experimentando, como bien señala el hecho de que, en el curso 2017-18, seis mil alumnos no habían podido cursar la primera de sus opciones en FP.
A esa trascendental apuesta por la Formación Profesional se refirió esta misma semana en el Parlamento gallego el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a quien hay que otorgarle la responsabilidad directa en la planificación y adecuado desarrollo del proyecto, de capital importancia para el mercado laboral de ahora mismo, donde el exceso de mano de obra en paro no tiene la traducción que sería de esperar en la cobertura de tantas especialidades laborales que difícilmente encuentra personal capacitado.
El proyecto, como se señala, se afianza en la declarada voluntad de atender y dar satisfacción a la demanda real de mano de obra que en cada comarca y especialidad presenta ese tan descompensado mercado laboral.
Sin embargo, el estratégico proyecto de la Xunta no adquirirá su plena relevancia en la indiscriminada oferta de títulos a troche y moche; ni tampoco, con ser razonable ambición, en las razones aludidas en el Consello de “fortalecer la formación adaptada a las personas y al tejido productivo”, ni siquiera, con ser determinantes, en los previstos impulsos de la digitalización y la innovación y la especial atención que se pretende dar a la formación permanente.
En lo mucho que tiene de transversalidad y de la más efectiva respuesta para la obtención de logros de país, la Educación en su conjunto –y la FP en particular– deben sustentarse, anclar sus raíces en un diseño previo interdisciplinar de lo que se quiere en el terreno del progreso para esta esquina del Noroeste porque, como recuerda el eminente pedagogo José Antonio Marina, “el cambio educativo no se hace en el BOE” lo que, añade, implica comprometer a toda la sociedad en una movilización educativa.
Repetidamente se insiste desde aquí en la necesidad de un diseño pleno, transversal, imaginativo y riguroso sobre los ejes que en el medio y largo plazo debieran articular la sociedad y la economía de país. El Gobierno Fraga lo sustanciaba en el plazo inmediato –algo era algo– con los retiros reflexivos del Consello. Desde entonces, nada de nada. Y esa es, claro, responsabilidad que excede el provechoso pero insuficiente voluntarismo de la Consellería de Educación.