¿Habrá elecciones en Cataluña?
LAS elecciones catalanas están convocadas para el próximo 14 de febrero. Algunos partidos y la misma Generalitat se están planteando suspender esta cita electoral ante la expansión de la pandemia. La Junta Electoral, sobre la base naturalmente de la ley, ha aclarado que no está prevista esta contingencia en los preceptos legales y que solo es posible este aplazamiento mediante un acuerdo entre los partidos políticos.
Los precedentes nos guían directamente a lo sucedido en Galicia y el País Vasco, en donde se logró la suspensión de sus comicios por medio de ese entendimiento político más allá de lo establecido en la ley electoral que no contempla esta situación. Ahora entran en juego los intereses y expectativas de los distintos contendientes para intentar ese desplazamiento de la fecha que parece lo más sensato ante las circunstancias de una COVID desbocada también en todo el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña.
El PSC, con la candidatura del ministro Illa a la presidencia de la Generalitat, cree haber avanzado hacia conseguir ese objetivo. Desde un primer momento he tenido mis dudas sobre las posibilidades del todavía titular de Sanidad, y los socialistas parece que consideran que les perjudicaría un aplazamiento de la fecha de las elecciones al mes de mayo. Sin embargo, lo que realmente merma a Salvador Illa es que aún continúe al frente del departamento ministerial cuando ya ha sido proclamado candidato en estas elecciones.
En 2007, viví muy de cerca la salida de Justicia del ministro López Aguilar una vez que fue elegido para concurrir a la presidencia de Canarias. Se le obligó entonces a abandonar el cargo cuatro meses antes del comienzo de la campaña; una renuncia que ahora no se exige al ministro de Sanidad. No se puede estar en misa y repicando como enseña el clásico dicho. No se puede gestionar la más grave crisis sanitaria de la historia y al mismo tiempo estar preparando los compromisos electorales.
Por encima de las estrategias y los efectos de imagen que sin duda impactan en una contienda electoral, los ciudadanos de una comunidad tan castigada como la catalana están preocupados por su futuro y la salida de esta descomunal crisis sanitaria. Unos ciudadanos que han soportado una sedición y la consiguiente condena de los sediciosos, la fuga de un presidente y la sanción de inhabilitación de otro, y, sobre todo, una nefasta gestión de los interés generales por una Administracion autonómica prácticamente inoperante.
Cataluña es una sociedad fracturada que necesita del mejor traumatólogo político para recomponerla. Una recomposición política y social que solo se podrá emprender desde un consenso renovado sobre los presupuestos básicos de la convivencia y la profundización de la singularidad catalana bajo la Constitucion de 1978.