Hoja de ruta y bilateralidad
EL insólito, pero expresivo espectáculo, de los diputados del PSOE votando en bloque, como una masa coral, sin que haya habido debate alguno dentro del partido, la supresión del delito de sedición, pese a sus efectos, cuando los beneficiaros de ésta y otras medidas resaltan que es el precio impuesto a Sánchez para mantenerlo en la Moncloa y aprobar sus presupuestos; la expulsión de un miembro del partido, respetado y congruente, que ejerció dignamente los cargos por los que pasó, y el malabarismo con que se juega con el añadido de la reforma del delito de malversación, dan la suma de en qué se ha convertido el que fuera partido de los socialistas, sus principios y fundamentos, desde que lo dirige Pedro Sánchez.
El independentismo catalán impone su hoja de ruta, o sea, para evitar aplicar la ley, se cambia a la carta: indulto; luego amnistía efectiva cuando se aplique la reforma de los delitos de sedición y malversación, y ya nadie duda de que se celebrará un referéndum “consultivo”. La secretaria general adjunta de ERC y portavoz de Marta Vilalta, ha anunciado que su partido presentará enmiendas para reformar el delito de malversación, en el marco de la modificación del Código Penal para derogar la sedición, con el fin de que no sea “utilizado para reprimir y perseguir al movimiento independentista y la disidencia política”. Será una reforma selectiva que deje fuera de sus consecuencias a quienes en Cataluña incumplieron el deber de todo cargo público de administrar lealmente el dinero de todos, con independencia de que se quede con él o lo destine o tolere que se use para fines espurios como ocurrió en Andalucía.
Y el PNV reclama un “árbitro” diferente al Tribunal Constitucional, según el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha recordado que tienen un acuerdo “público y conocido” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se firmó en la investidura para “adecuar la estructura territorial a las identidades nacionales atendiendo a los sentimientos de pertenencia”. O sea, que el Constitucional no debe intervenir en conflictos entre el Estado y Euskadi. O sea, que el País Vasco sea un territorio exento de aplicar allí la Constitución y tratar al Estado de igual a igual, como dos entidades nacionales del mismo rango.