‘Honorables’ delincuentes
LA ratificación por el Supremo de la sentencia de los ERE, con la condena de 19 altos cargos del Gobierno socialista en la Junta de Andalucía –algunos, como Griñán, con pena de cárcel– tendrá el previsible final que la mayoría de los españoles ya intuyen, como premonitoriamente despejó una encuesta de urgencia realizada por una televisión estatal: un 82% vaticinaba el indulto de los encausados. Es decir, se da por amortizado el cumplimiento de las penas, a semejanza de lo que pasó con los encausados del Procés. En ambos casos sobre delitos graves en relevancia política e impacto social y que dejan a la democracia española en situación de extrema debilidad.
Carece de sentido, por inoperativa, la melancólica alusión al código ético del PSOE impulsado por Pedro Sánchez en 2014 que en su artículo 8.1 comprometía a los cargos públicos del partido “a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción...” y “a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos”.
A estas alturas de lo andado la palabra de Sánchez, aún en negro sobre blanco, tiene la firmeza de una volandera hoja otoñal. Lo ratificó la recién nombrada portavoz del PSOE y titular de Educación al abandonar precipitadamente el Consejo de Ministros para reivindicar desde Ferraz la honorabilidad de los convictos y decir que sólo el PP ha sido culpado por corrupción. Filesa, a lo que se ve, la cogió desmemoriada.
En el apresurado argumentario como cierre de filas con los condenados, se inventó La Moncloa la teoría de la honorabilidad –que ya es imaginación– sustentándola en que ni Griñán ni Chaves se habían beneficiado personalmente de los 680 millones dilapidados. Lo que no deja de ser una mentira más, pero que será archirrepetido mantra en lo que queda de legislatura.
La sentencia deja irrefutable constatación de que los encausados eran “plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad” del mecanismo clientelar impulsado desde el Gobierno autonómico de reparto de prebendas y favores a costa del erario público y con finalidad claramente electoralista. He ahí el alcance real, la dimensión auténtica del demorado juicio al reconocer la vigencia continuada de un mecanismo clientelar que posibilitó nada menos que cuatro décadas de hegemonía socialista.
Esa es la especial relevancia de lo juzgado en lo que representa de perversión democrática, además de haber supuesto, también, la mayor cuantía que un caso de corrupción causó en el erario público cuyo desmenuce se verá, como continuado escándalo, en el centenar de causas aparejadas aun pendientes.
Dados los desnortados comportamientos gubernamentales y los no menos sorpresivos de la Justicia en el Tribunal Constitucional, no cabe esperar ejemplaridad en el cumplimiento de las sentencias. Nadie la espera, que así de descreída está ya la ciudadanía.
Basta, si acaso, que por segunda pero más categórica vez la Justicia, allí hasta donde cumple su cometido, haya desenmascarado definitivamente la exclusividad ética que la izquierda se reservaba para sí misa.
No será, claro, el fin del “y tú más”, pero habrá perdido ya toda fuerza provocadora.