Hoy como ayer
MUCHO me temo que, en la España de hoy, los católicos no seamos capaces ni de dimensionar en sus justos términos, o lo que es peor, ni de prever las consecuencias del nuevo escenario social y político que las leyes aprobadas en estos últimos años van imponiendo, afectando a derechos tan fundamentales, como lo son entre otros, el de la vida, el de la libertad de educación o el de la libertad religiosa.
Y mi temor se incrementa cuando claramente se percibe que los silencios públicos de la Iglesia se interpretan como un consentimiento tácito, o como una aceptación resignada, o incluso, y que Dios me perdone, como una rendición incondicional.
Se argumenta que los cambios legislativos responden a los profundos cambios que se están produciendo en la sociedad, cuando la realidad es otra bien distinta y muy evidente.
Lo cierto es que las actuales minorías imperantes y dominantes desarrollan paso a paso una nueva modalidad de despotismo ilustrado, imponiendo su pensamiento, al que le dan la exclusividad de único, a la vez que excluyen y eliminan el más mínimo atisbo de discrepancia, aunque esta refleje criterios mayoritarios, asentados históricamente en la sociedad, transformando así a la denominada mayoría silenciosa en una mayoría sometida.
Además, no queremos ver que todas las nuevas leyes incluyen en sus articulados un rotundo capítulo punitivo, cargado de expedientes administrativos, multas o incluso penas de prisión como castigo para quienes, ya sean personas o instituciones, no solo discrepen, sino sencillamente propugnen modelos de vida o de conducta diferentes al impuesto por el doctrinario legislativo.
Desaparecen así de un plumazo libertades académicas tan asentadas como son las de cátedra o investigación. Las líneas oficiales de créditos y subvenciones públicas se cierran para los disconformes. Y como el más evidente de los paradigmas, la realidad nos señala que en cualquier servicio público sanitario de obstetricia, un médico católico tiene vetada su promoción profesional por su objeción de conciencia al aborto.
La objeción de conciencia frente al nuevo marco legislativo que se va imponiendo, se convertirá en un obstáculo para la continuidad económica y para la independencia de criterio de las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, tales como hospitales, colegios, universidades o medios de comunicación.
Una situación que también afectará individualmente a los profesionales católicos, principalmente en el campo de la sanidad y de la educación.
Y cuando, como se dice comúnmente, iniciamos la rentrée de un nuevo curso político, estás reflexiones mías, obvias y reiterativas, me sirven como prólogo introductorio para dar a conocer al paciente lector lo que inevitablemente va de nuevo a suceder.
Por enésima vez se planteará la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede en la intención de que el debate sirva de justificación para derogar la vigente ley de libertad religiosa y promulgar una nueva, con el objetivo, por cierto ya anunciado, de reducir el hecho y las manifestaciones religiosas al ámbito de los templos y domicilios.
Se intensificará la polémica sobre el Valle de los Caídos, para así enmascarar la nueva desamortización que representará el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español.
Y como siempre, día sí y día también, la guinda de los supuestos privilegios fiscales y presupuestarios de la Iglesia, añagaza que nuevamente obliga a la jerarquía eclesiástica a negociar en falso sobre una conjetura inexistente, desviando así la atención del verdadero objetivo de los ideólogos del pensamiento único, que no es otro que el asentamiento y la aceptación social del aborto, la eutanasia, las políticas de género, las nuevas realidades familiares, la instrumentalización de los programas educativos, en definitiva, la conversión constitucional de un Estado aconfesional en un Estado laicista.
Hoy peor que ayer, pero si persiste la afonía, mañana peor que hoy.
Francisco Vázquez Vázquez, embajador de España