Iglesia Católica: celibato y patrimonio
EN los últimos tiempos parece haber arreciado la información referida a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, al tiempo que se revela el cuantioso patrimonio inmobiliario y artístico de la misma, una parte del que no parece corresponderle en términos de estricta valoración jurídica. Según informan los medios de comunicación, este último tema, cuando menos, ha merecido la atención del diálogo mantenido por el actual presidente del Gobierno español con su homólogo de la Conferencia Episcopal de nuestro país.
Siempre que se habla de una institu-ción religiosa, habrá de evitarse en el abordaje de temas tan delicados cualquier margen de tendenciosidad y valorar los mismos desde la más estricta serenidad
y objetividad.
Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos, que no son nuevos en el panorama de la Iglesia de Roma, si ya merecen, de por sí, el más rotundo rechazo y castigo en cualquier persona, con más razón lo han de reclamar en quienes han consagrado su vida a mantener y propagar el mensaje de Jesucristo. Al respecto, habría de pensarse por la máxima jerarquía de la Iglesia Católica si la disciplina eclesial, hasta ahora existente, viene a resultar adecuada al tiempo que se vive y si no habrá que incidir, como ya se empieza a hacer, pero con mayor intensidad si cabe, en la apertura al mundo seglar, muy significativamente al femenino, el ejercicio de una parte importante del ministerio eclesial.
Este último, encomendado hasta ahora, en exclusiva, a la persona del sacerdote varón, podría, en buena medida, ser desarrollado por personas de otro sexo y contar, en todo caso, con la más intensiva colaboración de seglares dotados de sólida convicción y formación cristianas. Si se avanzara, con prudencia, pero sin temor, en esta línea, podrían obtenerse provechosos resultados en beneficio de la misión apostólica encomendada a la Iglesia Católica.
Por lo que hace al patrimonio indebidamente asignado a la Iglesia Católica bueno sería que se ajustasen bien los términos de la polémica y se pusiera de relieve, sin demagogia alguna, cuál es la verdadera entidad de tal patrimonio que, en principio, no parece alcanzar la cifra que, inicialmente, se puso de manifiesto. Si, efectivamente, la Iglesia Católica española retiene bienes, muebles e inmuebles, que no le pertenecen legalmente, obvio es que debe proceder a devolverlos a quien resulte ser el legítimo titular de los mismos. Esto parece que es de una claridad aplastante.
Por lo que hace a aquellos otros bienes que, legal y legítimamente, la Iglesia Católica española ostenta como patrimonio propio, también, es de una obviedad manifiesta que han de quedar en poder y posesión de la misma, sin perjuicio de respetar la legalidad nacional en la titularidad y uso que de ellos haga.
Y sería bueno recordar, en este aspecto, que la regulación del tratamiento jurídico y fiscal de tales bienes habrá de ajustarse a lo concordado entre la Iglesia Católica y el Estado español, el que no habrá de desconocer, en momento alguno, la amplia labor social desarrollada por la misma de la que, a título de mero ejemplo, sería de señalar y destacar la inmensa tarea benéfico-social que desarrolla Cáritas Española.
Concluyendo esta reflexión, habría de decirse que se deberá de ser inflexible en las exigencias de ejemplaridad del ministerio eclesial, el que debiera abrirse, no obstante, a otras posibles candidaturas en el seno de la Iglesia Católica, potenciándose, en todo caso, el papel del seglar en la misma y, en otro aspecto, habrá de respetarse el legal y legítimo patrimonio eclesiástico, sin perjuicio de la justa devolución de aquellos elementos del mismo que, legalmente, no le pertenezcan.
La claridad y la rectitud de conducta beneficiarán a todos.