Impuesto a las grandes fortunas
EN los últimos tiempos está ganando cada vez una mayor aceptación la instauración de impuestos que graven la riqueza. En España, Podemos ha presentado su reforma fiscal en la que una de las medidas estrella es la eliminación del actual Impuesto sobre el Patrimonio y su sustitución por un Impuesto sobre las grandes Fortunas, con un tipo impositivo del 3,5% para quienes atesoren un patrimonio superior a los 100 millones de euros, y sin posibilidad de que las comunidades autónomas puedan ejercer capacidad normativa alguna para bonificarlo.
Un impuesto de estas características parece atractivo por dos motivos: 1) para elevar los ingresos públicos en un contexto de alto endeudamiento y déficit público. Por ejemplo, Donald Trump fue candidato a las primarias del Partido Reformista en 1999, y una de las medidas que incluía en su programa era un impuesto sobre la riqueza único (es decir, se exigiría un único pago), con un tipo impositivo del 14,25% que pagarían quienes tuviesen más de 10 millones de dólares, con el objetivo de eliminar la totalidad de la deuda pública norteamericana. 2) Para reducir la elevada concentración de la riqueza que se viene produciendo durante los últimos tiempos, como así se desprende de los trabajos de Saez, Zucman y Piketty.
Sin embargo, la evidencia empírica pone de relieve muchos problemas que descartarían su implementación. Tan solo 5 países de los 38 que conforman la OCDE aplican un impuesto de estas características. En los años 90 la cifra era de 12. Dinamarca, Alemania, Suecia o Finlandia lo han eliminado durante las últimas 3 décadas. Incluso, España introdujo una bonificación del 100% entre 2008 y 2011, pero la crisis obligó a recuperarlo de manera “temporal”.
En Europa, Francia solo grava los bienes inmuebles. En Suiza, son los cantones los encargados de la gestión y de la normativa del impuesto, pero se aplican tipos impositivos muy bajos y, además, no existen impuestos a las ganancias del capital. En Noruega, la fiscalidad también es relativamente baja. En estos dos casos, los mínimos exentos son muy pequeños, por lo que son muchos los hogares obligados a tributar.
La experiencia internacional no parece acompañar la idea de aplicar un impuesto sobre las grandes fortunas. Hay múltiples razones: efectos distorsionadores sobre el ahorro y la inversión; se incentiva el des-ahorro si los tipos marginales superan el rendimiento del patrimonio; se gravan bienes que en ocasiones son poco líquidos; no es equitativo, a saber, si dos individuos ganan a lo largo de su vida un millón de euros, pero uno decide aplazar su consumo, este tendrá un peor trato fiscal; es regresivo; y los costes administrativos son tan elevados que la ratio rendimiento/coste para la Administración es muy baja con respecto a otros impuestos.
En definitiva, el impuesto a las grandes fortunas de Podemos es una mala idea.