Indultos con tapabocas
LAS casualidades en política son menos frecuentes que el gordo del Euromillones. Por eso, la coincidencia temporal en los anuncios sobre la concesión de los indultos y la retirada de las mascarillas no es consecuencia del azar. Todos los indicios apuntan a que se trata de una estrategia premeditada, de autoría redonda, la del gurú sanchista, para otorgar al tapabocas la función que de su significado se desprende: poner sordina a las protestas por la forma en que se van a conceder las medidas de gracia. Ambos anuncios forman parte de un mismo acto. Sánchez representó la primera parte hace dos días en Barcelona, a donde volverá mañana seguramente para completarlo. Muchos países europeos pusieron en marcha la retirada de las máscaras al aire libre. España podía haberlo hecho, al menos en aquellos territorios con baja incidencia. Se lo estaban pidiendo las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, en bastante mejor situación epidemiológica que nuestros vecinos europeos que ya las tomaron. Como es habitual, el Gobierno llega tarde y arrastro. Y sin duda mal en aquellos lugares donde la incidencia es todavía muy elevada, con el riesgo de que se descontrole por las variantes del virus, especialmente la india.
Al igual que los indultos, el anuncio de las mascarillas se hace con criterio político, en la peor acepción del término. Para excarcelar a los presos se apela a la utilidad pública, un pretexto de carácter especulativo pues todos los indicios indican que no surtirán efecto en el sentido que se nos quiere hacer creer, de vuelta a la normalidad. Todo lo contrario, seguramente dan moral a los independentistas para “volver a hacerlo”, como a diario nos recuerdan. Y finalidad política, en este caso analgésica, tiene también el anuncio sobre los cambios de uso del tapabocas. Los criterios técnicos sobre los indultos los fijaron jueces y fiscales y en el caso de la pandemia debieran ser los expertos. Las decisiones finales corresponden, sí, a los responsables políticos, pero si Sánchez actuara con la rectitud que le obliga el cargo debiera escuchar a los que saben. No lo hace porque los intereses son otros. En este caso, por votos en el Congreso. Claro que a nadie sorprende.
ME cuesta creer que el papa Francisco diese la absolución a un pederasta que no se arrepintiera del pecado y le anunciara que nada más dejar el confesionario violaría a un menor. Supongo que los curas y obispos catalanes tampoco, porque las normas de la Iglesia Católica -y el sentido común- no lo permiten. Ni siquiera para evitar un mal mayor, como pudiera ser que en lugar de violarlo amenazara con matarlo. En el caso de los indultos a los sediciosos catalanes la medida de gracia compete al Gobierno, pero siempre ateniéndose a las normas fijadas en la Constitución, leyes y códigos. Como se prevén recursos judiciales, los tribunales nos dirán si la concesión es o no legal. En cualquier caso, por sentido común, los beneficiados debieran comprometerse cuando menos a no reincidir. No digo ya arrepentirse ni a renegar de sus convicciones, que se pueden encauzar por los procedimientos legales establecidos, pero sí colaborar mínimamente comprometiéndose a no volver a delinquir. Todavía están a tiempo de hacerlo. Animo pues a los obispos catalanes, dado que se metieron en harina política y gozan de influencia, a que insten a los violadores de la Constitución a hacer propósito de enmienda. Aunque después vuelvan a caer en la tentación. Y lo mismo al señor Garamendi, presidente de la patronal. Favorecería el regreso de las empresas que huyeron de Cataluña.
El ministro Ábalos volvió a repetir, en la visita de esta semana a Santiago, que habrá rebaja de tarifas en la AP-9. No puso fecha, se limitó a señalar un horizonte, ya saben, esa línea imaginaria que se aleja a medida que tratamos de alcanzarla. En la anterior ocasión las fijó para julio. Ahora habla de agosto. Veremos. El caso es que si se cumpliera lo firmado con el BNG el 3 de enero de 2020 deberíamos estar disfrutando de los descuentos desde primeros de este año. El pretexto - “se trata de algo complicado”- no resulta creíble. Es la disculpa del mal pagador. Por muy difícil que fuera, había un año por delante para aplicarlo. Las causas del retraso son varias: incompetencia, desinterés y seguramente por estrategia propagandística. Diría que es la suma o mezcla de las tres. Lo mismo puede decirse de la llegada del AVE. Tras el varapalo en las elecciones madrileñas y la tendencia a la baja que reflejan las encuestas no sería de extrañar que el PSOE tratara de acumular las buenas noticias para fechas lo más próximas a la convocatoria electoral. Aunque la memoria es flaca, no lo tiene fácil porque los aldraxes a Galicia son una constante de este Gobierno no solo en materia de comunicaciones, un sentimiento instalado en el subconsciente colectivo popular. Y encima a los transportistas, a los que trabajan, les penalizarán. Marca de la casa.