Jueces, galgos o podencos
MÁS que por exigencia de la UE, que también, la urgencia del presidente español, Pedro Sánchez, en propiciar la renovación de los órganos judiciales se asienta en el interesado realismo de Esquerra Republicana de Catalunya de dejar cerrados definitivamente a su favor los pendientes e importantes flecos de la abortada intentona independentista, no sea que el más que previsible cambio de Gobierno les deje colgados de la brocha y con las cárceles esperando.
Es esta exigencia la que convierte en inasumible chantaje la intentona gubernamental de colocar a los suyos en TC y CGPJ y, hábiles como son en retorcer la realidad, echar en las espaldas de Núñez Feijóo toda responsabilidad que impida aquel objetivo, revestido, eso sí, de un muy democrático intento de hacer funcionar la institución judicial.
Ello sitúa al líder de la oposición, como ya se recordó aquí, en ese dilema del tranvía en el sentido de que sea cual fuere la decisión que adopte va a suponerle un coste electoral de difícil cuantificación, y que, en el caso de aceptar esa renovación, disparará las ya aceradas críticas que medios de comunicación afines a Vox tan interesadamente aventan como una supuesta debilidad y apego al turnismo en el expresidente gallego.
Pero, salvo que la más que previsible intransigencia socialista se parapete en el todo o nada de su propuesta, todo parece indicar que Feijóo sí se prestará a dicho acuerdo con sus anunciadas condicionalidades de candidatos alejados de la política, de clara trayectoria independiente, además de comprometer que el Consejo del Poder Judicial haga una propuesta de modificación de la ley para que los 12 jueces de los 20 que integran la institución, sean elegidos por ellos mismos, como mandata la Constitución.
Además de sus propias dotes de convencimiento, va a necesitar el político gallego más firmes apoyos, como el negociado estos días ante el Grupo Popular Europeo.
El más sólido lo encuentra Feijóo en el Informe Estado de Derecho 2022 que la UE hizo público en el pasado mes de julio y que, en lo que hace a España, recomienda –en conminación que el comisario de Justicia situó antes de julio del próximo año– “proceder a la renovación del Consejo de la Magistratura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus magistrados”, además de reforzar el estatuto del fiscal general “en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos teniendo en cuenta los estándares europeos en materia de independencia y autonomía de la Fiscalía”.
Pero si las urgencias gubernamentales en la renovación de estos órganos trae causa del aludido interés de ERC, la razón última de todo este desbarajuste institucional no es otro que la evidente claudicación de los propios magistrados de prestarse a la nada inocente práctica de ser adscritos a las respectivas cuadras conservadora o socialista –galgos o podencos–, con manifiesta dejación de su presumida independencia judicial, como bien reflejan sus conocidas y repetidas sentencias partidistas. Esa es la cuestión.