La Administración de Justicia
EL Centro de Investigaciones Sociológicas publicó en la primera semana de agosto un estudio sobre la percepción que tienen los españoles de los diferentes servicios públicos. Quizás por coincidir con la segunda semana de los juegos olímpicos pasó casi inadvertida. Según este trabajo, la medalla de oro se la lleva la Administración de Justicia. El 65,7% de los españoles la considera poco o nada satisfactoria. Aventaja claramente al resto de los servicios públicos. En efecto, dichos porcentajes son el 40,5 para la enseñanza, 39,7 para las obras públicas (carreteras), 31,9 para los servicios sociales, 29.8 para la sanidad y 23,2 transporte público.
Este alarmante porcentaje de españoles estima que no es debido a la falta de medios en la Administración de Justicia, o al menos no se percibe así, porque el mismo estudio pregunta si considera que tienen muy pocos recursos cada servicio público. Aquí ya no figura en primera posición sino en quinta. En efecto, el 84 % cree que tienen muy pocos recursos en ciencia y tecnología; el 70 %, en sanidad; el 60,7 %, en seguridad social; el 57,7 %, en enseñanza y un 52,4% en la administración de justicia. La causa del mal funcionamiento tampoco pueden ser las retribuciones, dado que son los mejor pagados de todas las administraciones.
Las cifras lo dicen todo. También el silencio respecto de estos datos. Silencio del Consejo del Poder Judicial empezando por su presidente, silencio de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales, ya sean conservadoras o progresistas, silencio de los diferentes partidos políticos, silencio de los sindicatos y silencio del Gobierno. El mutismo de las asociaciones judiciales va en la línea del corporativismo que impregnan sus actuaciones. El de los partidos políticos quizás tiene más que ver con el respeto que tienen a los jueces.
La noticia sobre el estudio no ha sido titular ni apenas ha sido mencionado en los telediarios de las cadenas televisivas. Esta reserva no es comprensible, dada la importancia de la justicia, no solo como poder del Estado democrático, sino como elemento fundamental para que funcionen razonablemente la economía y también las relaciones sociales.
Varios análisis han señalado que una de las trabas para una modernización y avance de la economía española reside en el mal funcionamiento de la Justicia. Se necesita una reforma radical. No se trata de la mera discusión sobre los componentes del Consejo del Poder Judicial, disputa que parece ser la única preocupación de los partidos políticos y asociaciones judiciales. Se trata de acometer reformas profundas, que van desde la formación de jueces y su organización hasta la revisión de los procedimientos e incluso de la legislación garantista en exceso.
No se trata de conseguir una justicia perfecta, sin equivocaciones, sino simplemente una comparable en los métodos, tiempos y manera de actuar con la de los países europeos de nuestro entorno. Necesitamos jueces y fiscales más integrados en la sociedad a la que deben servir, con cierto grado de conocimientos en economía, matemáticas e idiomas, y ser capaces de desenvolverse en un mundo digital. Desde luego, no puede ser que las pruebas fundamentales para ingresar sean recitar de memoria como papagayos unos determinados temas.