La ayuda europea, en discusión parlamentaria
EL Plan de Relanzamiento sigue su curso, con la lentitud propia de las urgencias burocráticas, que no siempre son malas si así se da vía libre a una decisión política histórica, esta vez sí, verdaderamente histórica. Fueron diez semanas muy intensas, en las que Parlamento y Consejo consiguieron llegar a un acuerdo sobre el cuadro financiero plurianual 2021-2027, y los nuevos recursos para responder a la pandemia.
Decía Costa, primer ministro portugués, en el verano pasado, que “temos a bazuka, mas nâo podemos falhar o tiro”. Efectivamente, no podrán los países receptores de las ayudas, quejarse de la potencia de fuego, siguiendo con la metáfora del juicioso político luso, porque Europa ha cumplido. Lo que venga después tendrá otros responsables.
En primer lugar, las reglas del mecanismo “de recuperación y de resiliencia”, que los eurodiputados han aprobado para destinar un 40 %, como mínimo, en favor del clima y de la biodiversidad, y al menos un 20 % al desarrollo digital. Pero falta discutirlas entre el Parlamento y los países miembros, aunque eso no es obstáculo para el tremendo enfado que tienen los ecologistas, ya que no se han excluido explícitamente los hidrocarburos, por lo que podrá haber subvenciones a las energías fósiles. Los coches diésel y las compañías aéreas están recibiendo bastantes imprecaciones, pidiendo la hoguera para los lobistas.
Sea como fuere y cómo las cosas salgan de las negociaciones del Parlamento, se abre una etapa inédita en la rutina política española, más allá de escarceos titubeantes y montones de nominalismos. Me refiero a que Europa exigirá, y hará bien en hacerlo, mayor disciplina en la cultura de la medición de los resultados.
Y también en la eliminación de vulnerabilidades, porque como alguien dijo, hasta ahora España hace como que reforma y Europa como que supervisa. Vamos, que como la ministra Calviño pierda pie en el Consejo de Ministros, o la silla, porque andan escasos de sitio, la probabilidad de tener problemas aumentará.
Esto no va de condicionalidad, dice Paulo Gentiloni, comisario de Economía, sino de coherencia y criterio. El tiempo juega en contra porque se trata de un período relativamente corto para administrar ayudas que suponen un porcentaje significativo del PIB, que no se parece mucho a la dinámica de absorción de los fondos estructurales. Y otro problema añadido que podría presentarse: rifirrafes entre Gobierno central y comunidades autónomas por la concreción de las inversiones.