La culpa es del chachachá
EL incendio registrado el pasado día 4 de junio en un piso de Oroso, justo el día que se iba a proceder al desahucio de sus propietarios y que se saldó con una víctima mortal y otra herida de gravedad, provoca, cual dos caras de una misma moneda, sendas reflexiones que remiten a la exigencia de las oportunas responsabilidades de los poderes públicos en sus dos contrapuestas realidades.
La primera y más grave, la rigidez de una ley que aplicada en su literalidad escapa a toda posibilidad de anticipación sobre las presumibles consecuencias que pudieran derivarse de su aplicación y que, como es el caso, acostumbra a acarrear frecuentemente daños mayores que aquellos que se pretende subsanar. Por decirlo por derecho y desde una no descartable relación causa-efecto, no hay desahucio que merezca la muerte de una persona, más si se conocen precedentes médicos de su grave estabilidad emocional. Y esa es asignatura pendiente para el legislador desde la perspectiva que apuntaba Cicerón de que una ley es ley porque es justa y no es justa por que sea ley.
En todo caso, a efectos de esta crónica importa la segunda de las reflexiones que el siniestro provoca en tanto vuelve a traer a la actualidad, cual repetido Guadiana que aparece y desaparece, la dejadez política sobre una de las carencias más graves que soporta el área compostelana; un parque comarcal de emergencias para una población de 96.444 habitantes pertenecientes a diez concellos –cifra que se aproxima a los doscientos mil si se le suma Santiago–.
La denunciada inhibición del servicio municipal de Bomberos de Santiago en el siniestro para el que se había solicitado su participación presenta tantas versiones contradictorias como opinadores se aproximan al tema. Pero el hecho cierto e incontestable es que, como tiene ocurrido en situaciones precedentes en otros municipios del entorno, dicha presencia no se produjo. A partir de ahí caben cuantas lecturas políticas quieran hacerse barriendo para casa sobre literalidad de protocolos, controvertidas llamadas telefónicas, valoración del siniestro, insultantes disculpas de que el servicio queda desguarnecido, que conducen a la definitiva conclusión de que la culpa, como en la conocida canción de Gabinete Caligari, fue del chachachá. Por fortuna aun queda un poco de sensatez y se exculpa, como es obvio, a los integrantes del cuerpo que cumplían jornada ese día.
Son esas mismas trabas burocráticas y recovecos legales –que ya decían los ingleses que son las que cumplen al pie de la letra sólo los imbéciles– las que siguen abortando una vieja aspiración de la ciudadanía, que empezaba a tomar cuerpo en 2000 con la construcción de un edificio luego abandonado –en otra vergonzosa muestra de la eficiencia política– y que se repitió, desde el compromiso formal de los regidores de esos concellos, en enero de 2019, con idéntico resultado de la frustración colectiva.
Ocurre, además, que se trata de una carencia sobre la que ninguna fuerza política ni ninguna Administración –concellos, Diputación y Xunta– pueden tirar la primera piedra. Ese es, acaso, el verdadero problema, que al ser responsabilidad de todos no lo es de nadie. Bueno, sí, del chachachá. ¿También, como en la canción de Jaime Urritia, se derivarán en el viejo estilo musical cubano las responsabilidades penales cuando se pretenda achacar a la burocracia la omisión de la obligada asistencia profesional?