La democracia, por el sumidero
DE Napoleón a Hitler, de Thomas Jefferson a Mariano Rajoy, la posibilidad de control de la opinión pública y de lo publicable es tentación presente en todo mandatario. La diferencia estriba entre quienes lo intentan con todas sus fuerzas –y hasta lo consiguen–, caso del Petit Caporal emperador o del iluminado nazista frente a quienes no sucumben a la tentación y la dejan en una melancólica lamentación de final de mandato, como el tercer presidente americano, o rehúsan a llevar sus propósitos a las páginas del BOE, como hizo el anterior presidente de Gobierno. Unos comportamientos que, juzgados por sus obras, representan un buen baremo para diferenciar entre dictadores y demócratas.
Por eso no extraña que en su deriva absolutista, el uno, y en su mesianismo comunista, el otro, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hubieran caído en idéntica tentación de todo gobernante. Y, conocedores como somos, también juzgado por su obra previa, extraña aún menos que el Gobierno Frankenstein haya traspasado esa línea roja que supone pasar de la tentación a la acción al llevarla al Boletín Oficial del Estado –Orden PCM/1030/2020–, con la finalidad, entre otras, de examinar “la libertad y pluralismo de los medios de comunicación” a través de ese “Ministerio de la Verdad” en el que los dos mentirosos compulsivos extenderían cédulas de veracidad, hurtándoselo a los tribunales de Justicia. ¡Asombroso! Justificarlo en supuestas intromisiones extranjeras añade al deplorable hecho una carga no menor de cinismo.
Pero no lo conseguirán. Tienen en su contra no el farisaico rechazo de una oposición –a la que tales prácticas no resultan incómodas– sino la plena vigencia, aún, de una Constitución que lo imposibilita; de una jurisprudencia del Supremo y del Constitucional tan abrumadora en favor del valor de la libertad de expresión que frenará toda intentona, y, por fin, una pertenencia a la UE que, como ya se demostró en otras intentonas de estos mismos sujetos, tiene en la llave de los dineros elementos de disuasión suficientes como para abortar esa buscada vulneración de uno de los pilares de la democracia.
Quedan, por el contrario, muchas más dudas de si esa misma preocupación sobre la necesidad de salvaguardar las libertades individuales es compartida por el conjunto de una ciudadanía que asiste cada día, atónita pero indolente, a la menos escandalosa pero igual de efectiva pérdida de derechos a manos de un Ejecutivo lanzado a hacerse con todos los poderes. Control de la Monarquía, Fiscalía, Poder Judicial, Educación y, ahora, libertad de expresión o el propósito de Hacienda de entrar en los domicilios son intentonas que, juntas o por separado, debieran servir para esclarecer las perversas intenciones de quienes quieren convertirnos de ciudadanos en súbditos. Y sin embargo las encuestas sobre el estado de la opinión pública siguen evidenciando el masivo grado de acatamiento
–masoquismo en vena– que supone la complacencia con esos recortes de derechos individuales. ¡Insólito!
Fue Octavio Paz quien nos recordó que la democracia no es, sino, “un método de convivencia civilizada”, asentada en un “equilibrio de poderes” y coronada por “el imperio de la ley; la misma para todos, y por encima de mayorías o minorías”. Algo que, aquí y ahora, lleva camino de irse por el sumidero de la historia si la ciudadanía no le hace frente. Y no parece.