La futura Ley de Universidades
SE presentó ayer ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley Orgánica de Universidades, tras la aprobación el pasado 27 de julio del Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
Habrá que leer el Anteproyecto con detalle, pero el RD aprobado ya suscitó polémica. Menciona el Ministro Castells la necesidad de mejorar la financiación y esto es urgente. También se alude a un nuevo sistema de elección de rector o rectora que sería más representativo y democrático, siempre que los participantes antepongan los intereses de las universidades a ideologías particulares, algo harto difícil en algunos sectores. Tampoco parece desatinado que profesores titulares puedan optar a la rectoría pues es sabido que muchos y muchas tienen tantos o más méritos de docencia, gestión e investigación que algunos catedráticos.
Durante meses se habló de una serie de requisitos que establece el Real Decreto y que deberán cumplir las instituciones para ser consideradas universidades como es, por ejemplo, que el sesenta por ciento del profesorado tenga investigación acreditada, algo lógico a la hora de evidenciar la calidad de estas instituciones. Este criterio lo cumplen la mayoría de las universidades públicas y casi ninguna de las privadas, siendo un punto que no debería suscitar críticas pues es difícil concebir una universidad que no acredite tanto calidad docente como excelencia investigadora.
Un asunto debatido es la exigencia de ofertar un mínimo de diez títulos de grado, 6 de máster y 3 programas de doctorado de, al menos, tres de las cinco grandes áreas del conocimiento, requisito que afectaría a la supuesta especialización de algunas universidades privadas.
También se trata la precarización del profesorado universitario, evidenciada en su alto índice de temporalidad tanto en la universidad pública como en la privada, y se propone ahora un tope del veinte por ciento en contratos temporales de docentes, forzando así a las universidades a estabilizar a su profesorado, lo que conllevaría subsanar un mal endémico del sistema de educación superior español.
La publicación del Real Decreto avivó la aparición de estadísticas relativas a cuántas universidades públicas y privadas cumplirían los requisitos, comprobándose que las tres universidades públicas gallegas cumplen todos los criterios en la actualidad, que las privadas fallan en investigación mientras muchas públicas superan el tope de temporalidad de sus docentes. Con los datos que han ido apareciendo, y a la espera del debate, enmiendas y aprobación definitiva de la futura Ley, ya se ha evidenciado que el problema de la universidad pública no es la calidad pero sí la falta de recursos para estabilizar a un profesorado que, a pesar de sus precarias circunstancias, aporta a sus instituciones la excelencia investigadora que se les presupone.