La gangrena del fanatismo
A comienzos de año, y antes de que el covid-19 hiciera aparición con su rastro de muerte y empobrecimiento económico, el número de personas en exclusión social en España ascendía a 8,5 millones –el 18,4 % de la población–, superando en 1,2 millones los datos precrisis de 2007. Pormenorizando más el análisis, 4,1 millones integraban el grupo de exclusión social severa, caracterizado por la desigualdad en sus distintas formas de vivienda inadecuada, desempleo persistente y precariedad laboral extrema. Y afinando aún más la aproximación, 1,8 millones –600.000 en 2007– requerían de una intervención urgente para optar a una vida mínimamente digna.
Los datos de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) –constituida en 1965 para conocer de forma objetiva la situación social de nuestro país y, cabría añadir, rescatarlos del constatado oscurantismo gubernamental– aluden, como se señala, a la memoria de 2019 y no contemplan, en consecuencia, las sobrevenidas situaciones de desesperación que la pandemia ha generado en lo económico y que, a falta de otras visualizaciones, son observables en las colas de ciudadanos que se agrupan ante organizaciones sociales en busca de sustentos de primera necesidad o por esa dramática falta de existencias de que avisa el Banco de Alimentos.
Dentro de esas organizaciones sociales que actúan en España, Cáritas y Cruz Roja son, según un estudio de la consultora Advice Strategic Consultants que ha analizado 100 entidades del conocido como Tercer Sector –entre fundaciones y oenegés– las que gozan del mayor reconocimiento y estima por su compromiso con la sociedad española, conocedores como somos todos de su fecunda actividad en favor de los más desfavorecidos.
Pues bien, ante esta penosa situación social que las citadas oenegés combaten desde el voluntariado de más de un cuarto de millón de personas y de aportaciones privadas que superan en dos tercios las realizadas por el Estado, se anuncia ahora que el Gobierno que se autoproclama el más social de los habidos nunca y, desde él, la Vicepresidencia de Pablo Iglesias que se reserva para sí cuanto atañe a los derechos sociales, reducirá –en los Presupuestos Generales del Estado llevados a Cortes– en 30.000 euros las asignaciones que las prorrogadas cuentas de Mariano Rajoy otorgaban a Cáritas –de 822.640 euros– y a la Cruz Roja –1.353.680–, al tiempo que mantiene los 85.000 que aportaba al Banco de Alimentos o los 70.000 que recibía Acción contra el Hambre.
Eso sí, el Ministerio incrementa en cerca de 24,6 millones el presupuesto anterior, hasta los 51.576.610 euros, destinándose dicho incremento al indeterminado “Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7 % del Impuesto sobre Sociedades” –26,4 millones–.
Como, por más en la inopia que quepa imaginar al actual Ejecutivo, es difícil achacar a su ignorancia esa decidida voluntad de dispararse en el pie –en tanto que el Gobierno es el primero de los beneficiados por la actuación de esas oenegés que le eximen de la responsabilidad constitucional de atender a los más necesitados– habrá que cargar en el colmado saco de la intolerancia y la obstinación de que vienen haciendo gala este nuevo despropósito. Lo que no haría sino ratificar una vez más el conocido aserto de Voltaire cuando nos avisaba de que “cuando el fanatismo gangrena el cerebro la enfermedad se vuelve incurable”. Pues es lo que tenemos.