La Justicia y los ERE andaluces
LA Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, aún antes de la firma y publicación de la sentencia y, en este caso, de los votos particulares, acaba de anunciar el fallo de la resolución judicial que concluye el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que resolvió, en su día, el asunto conocido popularmente como el de “los Eres andaluces”.
Según se informa, la sentencia de casación, dictada no por unanimidad sino solo por mayoría de los cinco miembros del Tribunal, confirma el pronunciamiento condenatorio respecto, entre otros, de dos de los más significado acusados en la causa, los señores Chaves y Griñán, manteniendo para este último la pena de prisión por seis años y dos días y a la de inhabilitación durante quince años y dos días.
Como es lógico, habrá que esperar a la redacción del texto de la sentencia del Tribunal Supremo para hacer una valoración jurídica del contenido de la misma que, presumiblemente, será recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Pero, al margen del resultado último y definitivo de este proceso judicial, en el que, no se olvide, se imponen, asimismo, penas de inhabilitación por un delito distinto al de malversación de fondos públicos, cual es el de prevaricación, es lo cierto que apena el ver y comprobar cómo, todavía, el ejercicio del poder político, a esta altura del desarrollo social y democrático del Estado de Derecho, sigue produciendo efectos perversos y, claramente, incompatibles con un responsable ejercicio de la autoridad pública. Y no degrada en nada esta apreciación el hecho, probablemente cierto, de que los dos personajes políticos ya citados no se hubieran lucrado particularmente de los beneficios obtenidos con la infracción penal de referencia, pues su responsabilidad pública es la que se valora ahora penalmente.
Cualquiera que pueda ser el resultado último y definitivo de este proceso judicial penal que, por otra parte, no cabe particularizarlo a la dinámica de un concreto partido político –en este caso el Socialista– ya que, por desgracia, la realidad viene a confirmar la existencia de conductas irregulares en otras organizaciones políticas y no sólo de España sino, también, del extranjero, es lo cierto que parece imprescindible un rearme moral que sirva para implantar una cultura ciudadana que, ya desde la niñez, inculque en el ciudadano un respeto cívico hacia la persona y sus derechos inalienables, lo que debe traducirse en quienes ostenta responsabilidades públicas en un escrupuloso ejercicio no sólo de honradez personal sino, también, de esmerado control de la rigurosidad jurídica institucional, a fin de que no se produzca anomalía alguna de índole inmoral y antijurídica.
El poder público es y debe ser siempre un servicio que se presta en favor del interés y bienestar de la comunidad a la que se pertenece y quien no lo entienda así y trate de aprovecharse de las prerrogativas que, el mismo, otorga debiera hallarse incapacitado para ejercerlo.