La pionera Risga
EL mismo Fraga al que acaban de dejar sin calle en una localidad de cuyo nombre será mejor no acordarse, es el creador de una de las primeras rentas de integración de que se tiene noción en Europa. Se bautizó como Risga para resaltar que formaba parte de la versión gallega del Estado del Bienestar. Sus miles de beneficiarios son la prueba de que la preocupación por lo que La Internacional llama “famélica legión” no es exclusiva de ninguna corriente política porque en todas ellas hay benefactores e insolidarios. Si los “esclavos de la tierra” han dejado de serlo en esta parcela de nuestro mundo se debe a la acción combinada de reformistas y socialdemócratas, a la que contribuye Galicia con esa figura pionera nacida en el fraguismo.
Por eso el Ingreso Mínimo Vital que ayer saltó del PSOE al BOE debe aplaudirse sin reservas aunque no sea algo novedoso sino una secuela de lo que lleva aplicándose aquí hace veintinueve años. Al igual que el Gobierno ahora, Fraga desoyó entonces a quienes veían en la renta un incentivo a la vagancia que lastraría el desarrollo social y económico del país, y tampoco incurrió en la tentación de hacer de la ayuda una limosna política, algo característico de todos los populismos que han sido y son.
Esas casi tres décadas de experiencia acreditan que Galicia está capacitada para gestionar una prestación de este tipo. No se recuerdan grandes polémicas al respecto. Hay un mecanismo bien rodado, a pesar de lo cual el ministro entiende que sólo el País Vasco y Navarra tienen entrenamiento suficiente para llevar el IMV. Admitamos el mérito inmenso que tiene José Luis Escrivá cuando intenta objetivar una decisión subjetiva basada en una transacción partidista, la que hace el Gobierno con el PNV que desde hace algún tiempo se erige en representante de ambas comunidades forales.
Se trata de una compraventa política asimétrica, en la que se da un apoyo específico y pasajero a cambio de algo valioso y permanente. La causa de que el Gobierno venda tan barata la gestión del IMV es su precariedad parlamentaria. Si entiende el ministro que debe ser la Administración central la que gestione la paga, podría hacerlo en el conjunto de España. Si considera que es mejor respetar las competencias autonómicas en política social, lo lógico hubiera sido delegar en todas ellas. No hace ni lo uno ni lo otro y, lo que es peor, recurre a explicaciones irrisorias.
Es como si en el caso del Risga la Xunta decidiera que sólo fuera tramitada por un par de concellos “amigos”, asumiendo en el resto de Galicia la gestión directa y acusando además a los 311 restantes de bisoñez administrativa. Todos los alcaldes tocarían arrebato contra la agresión al municipalismo. Es lo que hace ahora el Gobierno con las autonomías al echar a rodar una buena iniciativa que debiera haber nacido sin esta polémica que desluce su bautismo. El Ingreso Mínimo es hijo de la Renta de Inclusión gallega pero sus padrinos olvidan que la Risga funciona gracias a una colaboración institucional, nacida hace casi treinta años a iniciativa de un presidente al que despojan de una calle en un municipio que la memoria se resiste a recordar.