La rebelión de los alcaldes
POR entrar ya de lleno en dimensiones que cabe calificar de siderales, cósmicas, es difícil calcular hasta donde ha crecido la nariz de Pinocho de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la integrante del Gobierno Sánchez que con más reiteración, flema e impavidez practica el tan grato deporte para el Ejecutivo de la continua contradicción. Mírese, sino, en Google el desbordante número de páginas que se ofrecen a quien asocie el nombre de la ministra con el vocablo mentira.
Por eso no pasaron ni cien horas para que donde, entre indignada y altanera, amenazó a los alcaldes españoles con que “No penséis que habrá una segunda oportunidad” se haya visto obligada a la rectificación formal para acceder en parte a las exigencias del municipalismo. El mismo que unió a una treintena de alcaldes de 13 formaciones políticas distintas encabezando la frontal oposición a la incautación que el Gobierno se proponía de los remanentes municipales y que fue derrotada en Cortes por 196 votos contra 153.
La rectificación, conocida el lunes, posibilitará que los gobiernos locales puedan disponer de al menos 3.000 millones para hacer frente a los gastos de la pandemia y beneficiará a la totalidad de las corporaciones locales, no solo a las que presentan superávit como quería el Gobierno.
Lo malo es que esta importante disputa entre municipalismo y Ejecutivo ha puesto a muchos alcaldes socialistas, de Vigo a Santiago, de Ferrol a Oroso, al pie de los caballos del descrédito vecinal, por anteponer las siglas a la ciudadanía –siguiendo el engañoso argumentario ministerial de o eso o nada– para, a la postre, acabar en el ridículo de ver cómo la ministra se desdecía a sí misma con la rectificación del acuerdo. Más lamentable en el caso de Oroso, donde el regidor utilizó la página web del consistorio no solo para hacer apología de su partidista postura y ocultar la legítima de otros grupos de la Corporación, sino para la nefasta descalificación ad hominem.
Acostumbrados como estamos a que en la Administración pública impere la política de trincheras y bloques, no deja de ser una gratificante bocanada de aire democrático que representantes de 13 formaciones –todos menos el PSOE– supieran anteponer los intereses de la ciudadanía a los de sus formaciones, en un anhelado resurgir del municipalismo que debiera ahondar en esta fructífera experiencia para alcanzar el grado de representatividad –y financiación– que le corresponde en el marco constitucional.
Desde lo anecdótico, causa satisfacción que la conocida cena de cuatro alcaldes –PP, Ciudadanos, ERC y PDECat– en el restaurante La Bodega de los Secretos, en la víspera de la votación y a escasos metros del Congreso, discurriera según todos los presentes con “muy buen rollo”.
Un clima de entendimiento que era habitual en el seno de la FEMP y que Abel Caballero rompió por primera vez al situarse, con su voto de calidad, más próximo a los intereses gubernamentales que a la necesaria batalla municipal en defensa de sus derechos. No le va a resultar fácil recomponer el descompuesto clima de colaboración que presidió siempre la FEMP. Pero peor sería constatar que la negra mano del más atrabiliario Gobierno de la democracia acabara por someter a su conveniencia también al municipalismo; uno de los pilares fundamentales del Estado democrático.