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Los otros Pazo dos Irlandeses

    LA situación que viven inquilinos del bajo del denominado Pazo dos Irlandeses no es, en esencia, sino una muestra más de la utilización torticera de las leyes y de la lentitud de la enfangada maraña judicial para conseguir objetivos que, si la jurisprudencia en España se adecuara más a la realidad, debieran tener más prontas y racionales consecuencias.

    Sin que se pretenda establecer similitud con el caso que preocupa a la Corporación municipal compostelana, es conocida la práctica de tantos propietarios de inmuebles viejos en centros históricos de las ciudades que propician el deterioro de sus edificios para conseguir, por la repetición de las incomodidades y condiciones de insalubridad, agotar la paciencia de los inquilinos de modo que el desalojo se logre por desistimiento voluntario.

    En el trasfondo de estas actuaciones abunda la oferta de compra por parte de fondos de inversión o de aprovechados especuladores con vistas a la remodelación y cambio de uso del inmueble en cuestión, una vez libre de cargas.

    No será desde aquí desde donde se pretenda hallar similitudes con el caso de Santiago a no ser para constatar que el continuado deterioro que sufre el edificio se asemeja a aquellas otras prácticas en el abandono de las obligatorias tareas de mantenimiento que todo inmueble necesita y que en caso del Pazo dos Irlandeses es desidia que, como denuncian los inquilinos y le consta al propio Concello, viene practicándose desde hace tiempo. Por cierto que con muy negativas consecuencias no solo para la propia estructura del edificio sino que también en su perjudicial afectación a edificios colindantes, lo que agrava dicha actitud de pasividad.

    Ocurre que el con razón tantas veces deturpado espíritu garantista de las leyes no hace sino actuar en contra de la finalidad que la norma pretende proteger, como estaría ocurriendo en este caso, por lo leído en prensa, con la utilización perversa de consecutivas licencias de obra que se dejan decaer y que no hacen sino acentuar aquella –¿buscada?– situación de deterioro.

    En todo caso y como aviso a navegantes, no sería mal propósito que el Concello se revistiera de toda la autoridad que le permiten las leyes, apurada hasta sus más dolosas consecuencias sancionadoras, para poner fin a una situación que, sea por discrepancias entre herederos o por otras razones, tan nocivamente afectan al bien social al conculcarse la obligación del mantenimiento de edificios. Máxime en una zona histórica protegida y declarada Patrimonio de la Humanidad.

    En todo caso, es el de los Irlandeses apenas la punta de un iceberg que no oculta los continuados desmanes que atentan contra aquel deber de protección patrimonial de la zona vieja y que, como bien revela el documentado Plan de Gestión de la Zona Histórica, multiplican similares situaciones de deterioro –el 20% de los inmuebles– que claman por una más decidida diligencia municipal.

    Porque la trascendencia mediática de un caso en concreto no puede ser disculpa de un recalcitrante far niente que provoca, por efecto emulación, el grave deterioro urbanístico que ofrece actualmente el casco histórico.

    19 nov 2022 / 01:00
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