Lucha climática

PESE a lo difícil que es llegar a acuerdos globales para combatir el cambio climático, el mundo ha estado atento a la COP27 celebrada en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh. El objetivo de estas cumbres del Clima nos lo recuerda Naciones Unidas: “trabajar en beneficio de las personas y el planeta”. Otra cosa es el modo de asumir los retos que acarrea enfrentarse a una transformación que, aun teniendo un componente natural y cíclico, se está viendo acelerada por la dejadez de las grandes potencias contaminantes. La población hace tiempo que está concienciada y teme el futuro que le espera a las generaciones venideras. Pero el grado de responsabilidad de la ciudadanía es limitado. Por ello no es justo que seamos siempre los mismos los que carguemos con una culpa que sólo nos pertenece en parte.

Lo saben los expertos y los activistas; quienes, sin embargo, nos azuzan con la esperanza de que seamos nosotros, los ciudadanos, quienes alcemos nuestras voces para presionar a aquellos que nos representan con sus decisiones. Y es que, a poco que prestemos atención a los índices de compromiso gubernamental que publican las organizaciones internacionales, enseguida comprobamos cómo las políticas de lucha contra el cambio climático dejan mucho que desear, especialmente en los contextos más contaminantes. Por ello, el papel de Estados Unidos y China es fundamental, pues lideran la lista de los 59 países con un mayor número de emisiones a la atmósfera (entre ambos generan el 45 por ciento de los gases de efecto invernadero).

Según se desprende del informe del Germanwatch, el NewClimate Institute y la Climate Action Network, presentado en la COP27, son pocos los países que destacan por sus esfuerzos para mejorar sus indicadores de acción climática. Además de Dinamarca o Suecia, cabe destacar a Chile, Estonia, y los esfuerzos de España. Sin embargo, los contratiempos bélicos y económicos juegan en contra de las grandes iniciativas, perpetúan la extracción de combustibles fósiles, frenan la expansión de las energías renovables, y ralentizan los proyectos I+D+i de eficiencia energética.

Tampoco se pactan mecanismos de financiación ni fondos de compensación para esos países pobres que sufren pérdidas y daños debido a la contaminación de los países ricos; y que son más vulnerables también por no disponer de sistemas de alerta ante fenómenos meteorológicos adversos. Todo ello provoca hambrunas y genera movimientos migratorios. Si a esto le añadimos el incremento demográfico (8.000 millones de personas), su impacto sobre los recursos naturales, y el aumento de las necesidades, el consumo y la producción, pues como para cruzarse de brazos, criticar el reparto de las ganancias de las energías fósiles, o negar las deducciones fiscales a empresas que reinviertan sus beneficios en energías renovables.