Margarita Robles y el CNI
SE confunde y desacredita el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso al criticar a la ministra Margarita Robles, una de las personas más competentes y serias del actual Ejecutivo. La critica injustamente con motivo de las escuchas del CNI. También se equivoca cuando dice que la ministra debía hacer algo más que alabar a las fuerzas de seguridad. ¿Acaso olvida su encomiable labor durante los momentos más trágicos de la pandemia?
También yerra al pensar que, por cumplir con su deber, la titular de Defensa está renunciando a seguir siendo una jurista progresista. El argumentario del diputado del PNV contra la Ministra se antoja bien pobre para un político que aparentaba mayor altura.
Si lo que pretendía era unirse a la campaña de acoso y derribo contra Robles, liderada desde hace tiempo por Unidas Podemos, dudamos que le salga bien la jugada. Los ciudadanos incluso entendemos que ciertos líderes independentistas catalanes estén preocupados al saber que sus pasos y hasta sus amistades son objeto de sospecha; pero el desliz de Aitor Esteban ha sorprendido a más de uno.
Deberían tener en cuenta unos y otros, en primer lugar, que tanto la ministra como el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad e inteligencia son muy bien valorados, y con razón, por la sociedad española. En segundo lugar, que salvo los grupos independentistas y Unidas Podemos, tanto la ciudadanía como el resto de formaciones políticas constitucionalistas han entendido perfectamente que es una de las funciones principales del CNI es velar por la integridad nacional, así como advertir y luchar contra cualquier amenaza que ponga en riesgo tal unidad territorial.
Sí, Margarita Robles ha sido dura y contundente esta semana en el Congreso, es verdad. Pero no hacerlo hubiese supuesto dejación de sus funciones, poner en tela de juicio la labor del CNI, o admitir acusaciones que no han sido probadas. Más aún; cualquier comisión de investigación o indagación que se lleve a cabo sobre esas escuchas y sus preceptivos avales judiciales (con los que, según fuentes ‘progresistas’ solventes, contaban), deberá evitar integrar a aquellos que ponen en peligro, de palabra u obra, la Constitución y la unidad de España.
Además, toda pesquisa tendrá que preservar la discreción que ampara la labor de los servicios secretos de un país que se precie, que quiera preservar su seguridad, y que no desee convertirse en el hazmerreír de la comunidad internacional.
Así pues, los españoles pedimos que el CNI cumpla las funciones encomendadas, que las lleve a cabo por los cauces legales estipulados, y que, si surge la duda, sean sólo nuestros representantes constitucionalistas de uno y otro signo los que velen por la legalidad y el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos.