en apuros

UNA jueza de instrucción encarga a la Guardia Civil un informe sobre la manifestación del 8-M. Se dice que el ministro de Interior, dado el alcance político del tema, quiso enterarse del contenido de ese informe, y al no lograrlo cesa al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid. Dado el secreto de sumario, siguiendo la tradición, el informe se conoce el mismo día. El informe en cuestión parece una inmensa chapuza, intencionada o no, indigna de la profesionalidad de la Guardia Civil, pero este no es el tema.

El asunto es que un ministro que fue juez de instrucción, respetado por todo el mundo, tiene que saber que lo que hizo no es procedente; el que fue la bouche des lois, la boca de las leyes, en palabras de Montesquieu, no puede comportarse así, y encima cesar al coronel aduciendo que el motivo era la falta de confianza y que el cese obedecía a una reestructuración de los mandos; ello es cosa normal en la política, pero a su debido tiempo, ya que la reestructuración pudo hacerse antes o después del controvertido informe y no en plena vorágine a todos los niveles.

Lo peor del caso, a mi juicio, es que el ministro activó el tercer tramo de la equiparación de los sueldos de las Fuerzas Armadas a los de los cuerpos policiales de las CC.AA., cuyo origen es del año 2018, y no había, en consecuencia, ninguna prisa en adoptar esta medida. Es un problema más que nada estético si esta subida de sueldos intenta cortar el malestar de la Guardia Civil, ya que constituiría la típica manera de proceder del nuevo rico que, ante una tontería producida por él, quiere tapar todo con un manojo de billetes. Yo confieso, en mi cándida buena fe, que no puedo creer tanta incompetencia por un lado y tan mal gusto por el otro, pero, como en Hamlet, algo huele a podrido en estos tiempos tan dolorosos para mucha gente de este atribulado país.