Mirar hacia atrás sin ira
“APOYARÉ la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” (2003), frase de Rodríguez Zapatero aplaudida fervorosamente por sus coristas, que le llevó a La Moncloa y a Pascual Maragall a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. En 2006 el Congreso aprobaba el Estatuto de Cataluña y los catalanes lo refrendaban.
Cuatro años (2010) necesitó el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de 14 artículos del Estatuto. La sentencia añadía que “carecen de eficacia jurídica” las referencias que se hacen en el preámbulo a “Cataluña como nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”. En alguna de las materias declaradas inconstitucionales, la lengua, la desobediencia fue posible por el silencio de unos y la connivencia de otros.
En el año 2014 Zapatero afirmó: “Es verdad que la frase no fue muy afortunada. Intenté rectificar. Quise decir que ...”, muestra de una promesa irresponsable para alcanzar el poder. El daño que esta frivolidad produjo en la convivencia de los españoles tiene difícil reparación.
Recuerden ustedes los nombres de senadores, diputados, ministros, socialistas relevantes y catalanes con seny que apoyaron con fervor la promesa de Zapatero, o callaron cobardemente, y repasen su desencanto hoy, ante la deriva secesionista en Cataluña; no cito nombres, por ser de sobra conocidos y, algunos han fallecido.
Pero hay más responsables: González y Aznar dieron alas a los independentistas en forma de concesiones, a cambio de asegurarse la investidura.
Resumen de los antecedentes de la situación de rebeldía abiertamente declarada en Cataluña con el referéndum ilegal y la desobediencia sistemática a las resoluciones de la Justicia.
Quienes aún no están convencidos de la necesidad de poner orden en el régimen autonómico, deberían repasar la situación de desorden, ineficacia y desigualdad en la gestión de la pandemia, que provocan desconcierto e inseguridad en los ciudadanos y en Europa,
Hoy, más que nunca, el refrán “Ebro traidor, naces en Castilla y riegas Aragón”, refleja la existencia de un problema histórico de disputas territoriales y su consecuencia fundamental: la pérdida de la solidaridad, una de las bases sobre las que se sustenta el Estado.
Si a la clase política no le conviene debatir sobre las disfunciones del régimen autonómico, la Sociedad Civil debería tomar la iniciativa para tratar el problema de forma serena y realista.