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Montero y la deriva en igualdad

    CUALQUIER lector bien informado estará al tanto del dramático efecto que tendrá para las mujeres de Afganistán el retorno de los talibanes al poder. Desde que tomaran Kabul, al parecer de manera sorpresiva, y mientras Estados Unidos dejaba improvisadamente vía libre a los mismos que vino a derrocar hace veinte años, no hemos parado de conocer pormenores acerca de lo que supondrá para sus vidas la aplicación de la sharía, la ley islámica en su interpretación más radical y estricta.

    Es por ello que todos los gobiernos que se precian de democráticos han reaccionado prontamente, no solo con declaraciones sino brindando cobijo preferente a contingentes de mujeres procedentes de ese país .

    Por contraste, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaccionado tarde y mal. Señaló que “en todos los países se oprime a las mujeres”, para añadir luego que “eso pasa en Afganistán, en relación al acceso a la educación, la salud y el trabajo; pero pasa también en España, con unas tasas intolerables de violencias machistas”.

    Las suyas son declaraciones insensibles que, no solo suponen buscar un espurio empate entre situaciones incomparables, sino que son claramente hiperbólicas. Mientras que, ya antes de la irrupción de los talibanes, el Informe Global sobre la Brecha de Género de 2021 del Foro Económico Mundial (WEF) situaba a Afganistán como el país con la mayor brecha de género de los 156 analizados en dicho estudio (por detrás de Siria, Pakistán, Irak y Yemen), España ocupa hoy día el puesto 14.

    Sus pronunciamientos pasarán a engrosar la hemeroteca de una gestión en que, más que contribuir a aumentar la respetabilidad para una causa como la de la emancipación femenina, podría estar erosionándola. A pesar del ambiente cultural favorable, es probable que esté generando distancia, cuando no rechazo para un asunto que, abordado de otra manera, podría potencialmente producir unos consensos que hoy se limitan al Pacto de Estado contra la violencia de género.

    Vistas así las cosas, la posición oficial que se adopte con relación a la situación que padecen específicamente las afganas no puede reducirse a unas torpes afirmaciones que, por otra parte, añaden lamentablemente más indicadores de la deriva en la que ha ido cayendo la maquinaria estatal de género. De esta forma, una base institucional efectiva, considerada siempre como factor clave para ganar apoyos para los intereses de las mujeres, más que ser un activo podría estar actuando en contra.

    Aunque distintos analistas han señalado que, en el Gobierno de coalición, estaría muy extendido el nombramiento de cargos sin suficientes mimbres, la situación resulta más alarmante en este caso. Eclipsada por la exaltación de movimientos como #Metoo, ya desde 2015 se venía dando una ralentización de los avances de las mujeres.

    Ahora, hay que añadir el efecto interruptor del COVID-19. El Foro de Davos calcula que el tiempo para alcanzar la paridad de género habría pasado de 99,5 a 135,6 años en el último año. También se señala que, en materia de estereotipos, podríamos volver a los años cincuenta. Ante tales desafíos, el desprestigio del Ministerio de Igualdad no es un lujo que podamos darnos.

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