‘Navajeo’ político

ESTE país se parece cada día más a un régimen chavista que a una democracia europea. El viernes pasado, el Gobierno se despachaba con la publicación de una ley que modifica el Código Penal para suprimir el delito de coacciones de los piquetes en las huelgas, con un prólogo en el que acusa al PP de “desmantelar las libertades”, convirtiendo el BOE en un periódico de partido, una suerte de Granma, Pravda o Mundo Obrero. Este texto es propio de un régimen con vocación totalitaria que utiliza las instituciones para demonizar a la oposición, con el objetivo de hacer desaparecer toda voz discrepante. Es una evidencia del grado de postración al que ha llegado nuestra democracia y una alerta sobre los riegos a los que nos enfrentamos. Y todo ello, con el bochorno añadido de la firma del rey de España, Felipe VI, al que la Constitución obliga a sancionar cualquier norma que proceda de las Cortes Generales.

Cavar trincheras ideológicas puede dar beneficios electorales inmediatos, pero representa un suicidio colectivo a medio plazo. Las cacicadas y la arbitrariedad corroen las bases del sistema y conducen a una inevitable quiebra de la convivencia, ya que llegará el momento en que la derecha se sentirá moral y políticamente liberada para dar la vuelta a esta situación.

Por otro lado, Pablo Iglesias, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil, han denunciado ante los juzgados las amenazas recibidas en sendas cartas acompañadas de balas de Cetme y consideran a sus autores amenazas a la democracia. Estos hechos han de ser reprobados sin paliativos.

Asimismo, el arranque de las elecciones en la Comunidad de Madrid, se vio empañado con un acto de violencia contra Vox dirigido por Unidas Podemos, que consideró que no podían celebrar un acto en su supuesto feudo. Iglesias no quiso condenar
las agresiones e incluso las justificó y alentó. Estos hechos debieron ser condenados de manera unánime, pero no lo fueron
porque la ultraizquierda entiende que
ejercer esta violencia es un derecho en defensa de la democracia.

La pregunta es: ¿qué tipo de democracia tenemos si se ataca a la oposición desde las instituciones, se anima a emplear la fuerza para impedir que el otro se manifieste en libertad o se envían amenazas por carta?

La violencia, venga de donde venga, no puede tener cabida en una democracia y debe ser condenada de inmediato, sin excusas ni condicionantes. De lo contrario acabará ocupando el espacio que le corresponde a la razón y a la palabra y porque supone reducir al adversario a la condición de cosa, negándole el carácter de persona por las ideas que defiende.

En una democracia liberal como la nuestra, no cabe la fuerza ejercida por los políticos del todo vale, estudiantes en busca de emociones, skinheads malcriados, aspirantes a leninista, frikis tatuados o adolescentes ociosos.