¿No tiene que pasar nada?

EN estas últimas fechas siguen llegando decisiones judiciales que anulan las que, en su día, contra políticos gallegos de diversa señal, había ido tomando la jueza Pilar de Lara. Algunas de ellas ya habían dejado en suspenso la carrera política de algunos de los afectados, por no decir atacados por la señora esta.

Incluso los hay para los que la tal carrera política quedó truncada para siempre, aunque sólo fuese por la tardanza con que se resuelven estas cosas, que supuso que tuviesen que esperar una década para ver recuperada la honorabilidad de su nombre.

Con respecto a los afectados es poco lo que se puede hacer, marcados, a pesar de todo, entre las referencias públicas y mediáticas, porque a la gente, entre las acusaciones, las disculpas y esta anulación en cierto modo, ya digo principalmente que por tardía, insuficiente, le queda la memoria obnubilada. Su nombre, por todo eso, puede que no quede limpio del todo. De algunos quizá se acuerden sólo por ser uno de aquellos a los que acusó De Lara. Y siendo políticos, más.

Algunos, aunque sólo fuese porque la edad no tardó tanto en pasar como la justicia, si quisieran volver al ejercicio de la representación pública, podrían tenerlo difícil, ni siquiera en el caso de que mantuviesen ánimos para eso.

Pero si con respecto a los políticos maltratados se puede hacer poco, lo que no acabo de entender, aunque se me explicó ya varias veces, es por qué tampoco se puede hacer nada con respecto a la jueza De Lara.

Y cuando me dicen que hacer ya se hizo algo, porque la sacaron de Lugo y la mandaron a no sé que otro sitio, incluso me molesta la explicación: ¿de verdad que puede seguir impartiendo justicia, en Lugo o en las quimbambas, una persona que se ha equivocado –y digo equivocado para no entrar en juicios de intenciones, aunque también los puedo hacer– tan gravemente y tantas veces?

Aún en el caso de renunciar voluntariamente a buscarle las intencionalidades, que creo, sinceramente, que las tenía, no puedo dejar de considerar a la señora De Lara como extraordinariamente incompetente.

Y que llegando a los extremos a los que ella ha llegado, semejante falta de cualificación profesional, que está claro que el sistema de oposición memorística no supo detectar, no puede sino ser dañina para el ejercicio de las funciones judiciales que se le encomienden. En ningún sitio ni sobre ningún asunto.

En estos casos, el Consejo General del Poder judicial no debería limitarse a dar amparo laboral a los miembros de la judicatura. Es malo para el país, para la democracia y para la justicia.