Nos salva no creerles
EL sólo pretendido verso suelto que en el Gobierno representa el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la ha vuelto a liar a propósito de su “personal” visión de recentralizar las competencias fiscales del Estado de las Autonomías –es decir, en contra del marco constitucional– hasta el punto de ser desmentido por sus compañeros de Gabinete al dejarlo solo en sus calenturientas elucubraciones.
Pero apenas fue un pellizco de monja rectificado tan pronto la segunda de las autonomías del PP se sumó a la corriente madrileña de reducción de impuestos. El Ejecutivo se ha apresurado a un nuevo cabalgar contradicciones para fijar, anuncian, un nuevo gravamen a las grandes fortunas, en parto de los montes que no pasará del uno por ciento de la población española.
Como todo ello es fruto de una total ausencia de criterio y de exclusivo interés electoral, ¿a quién importa que hace escasos meses hubiera rechazado en el Congreso idéntica pretensión llevada a la Cámara por sus compañeros de coalición gubernamental?
Es más, la descalificación que se hace de las autonomías del PP por deflactar tramos del IRPF no es sino un nuevo tiro en el propio pie, dado que esa postura la apoya el PSOE en el País Vasco, donde es socio del Gobierno.
Fue Zapatero quien en un inusual ejemplo de lucidez suprimió el impuesto de patrimonio –que los economistas rechazan por suponer una doble imposición– y ahora se critica que algunas autonomías, siguiendo a Zapatero, se sumen a
lo que es práctica común en todos los países de la Unión Europea.
Tiene, en todo caso, mala suerte el presidente Sánchez. La UE acaba de recordarle la necesidad de realizar, antes de las elecciones de mayo, la largamente aplazada reforma fiscal con la contención justamente en lo que condena de las autonomías populares, patrimonio y sucesiones. Los dos capítulos cuya reducción califica el mentado ministro de “extraordinariamente regresivo”.
Y fue el propio Partido Socialista quien elaboró un proyecto de claro contenido federalista –Declaración de Granada, 2013– como contribución a la tantos años aparcada ley de Financiación de las Autonomías, gato al que nadie quiere poner el cascabel de la racionalidad. Justo lo contrario de esa recentralización que ahora se viste con el mantra de una necesaria homogeneización.
Es más, con la actitud adoptada sobre el constitucional derecho de las autonomías a fijar sus propios marcos fiscales, Gobierno y ministro denigran la libre competencia –tachándola indecentemente de dumping–, justo el principio que hace evolucionar el bienestar de las sociedades en su capacidad para elegir. No sólo eso, sino que en su buscada demonización de la iniciativa de los populares olvidan que la competencia que quieren coartar entre autonomías la propician, con su efecto frontera, las más benignas cargas fiscales que Portugal está llevando a cabo con tan favorables resultados. Para ellos, claro.
Tal cúmulo de contradicciones y disparates no hacen sino conducir a la ciudadanía a un tan imposible como melancólico intento de raciocinio. Nos salva que, en su desnortada deriva, ya nadie les cree.