Okupar, expropiar, no pagar...
EN tiempos los padres motivaban a sus hijos con la fábula del ascensor social, que se resumía en que, si eras aplicado en los estudios, tendrías un buen trabajo y un salario que te permitiría ahorrar y poder comprarte la casa que sería tu hogar. El progreso personal se vinculaba al esfuerzo y al mérito. La fábula funcionaba porque ese progreso económico y social estaba, además, amparado por la Constitución que reconoce el “derecho a la propiedad privada y a la herencia”.
El Gobierno balear, un tripartito de PSOE, Podemos y el nacionalista Més, ha anunciado la expropiación de 56 viviendas elegidas a dedo en un acto contra la libertad y contra el derecho a la propiedad privada. La mecánica apoyada en tres pilares: “Okupación, Expropiación y Precio” es ya conocida en muchos países populistas de extrema izquierda.
Primero, se aprueba una ley de vivienda que estigmatiza a los ciudadanos con casas cerradas, y que permite que sus propiedades sean intervenidas y convertidas en vivienda social para personas desfavorecidas. Después, y con la excusa de luchar contra la especulación, se habilita el instrumento para sacar los pisos del mercado libre. Y en tercer lugar, se rebaja artificialmente su valor para que el propietario deba conformarse con unas migajas injustas mientras el Gobierno los alquila por una compensación ridícula.
Donde no se respeta la propiedad privada, no puede existir democracia plena. Esta legislación ideológica y dogmática, no supone ningún “pionero avance social”, sino una inquietante deriva intervencionista abanderada, con la complicidad del PSOE, por Podemos, exponente del incipiente chavismo a la española que empezamos a vivir.
Estas propuestas, tan perversas como contraproducentes, provocan inseguridad jurídica, lo que siempre es antesala de empobrecimiento económico y democrático. Lo sorprendente e insólito es que el Tribunal Constitucional no haya frenado a tiempo esa normativa inaceptable que, sin duda, encontrará respuesta legal en Europa si no la da antes nuestra Justicia.
La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es responsabilidad de los poderes públicos, que deben ejercerla en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos. Lo que no es admisible es usar como coartada esa protección para limitar derechos.
Los ataques de Pablo Iglesias a la propiedad privada evidencian que desconoce que España es un Estado de Derecho y como tal es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. Esta es la forma de actuar a la que nos quiere acostumbrar el actual Ejecutivo: trasladar sus responsabilidades a los ciudadanos y omitir las suyas como, por ejemplo, no impulsando la construcción de vivienda pública o no realizando políticas que incentiven el alquiler.