Pandemia y derechos
COMO el más significado arquetipo del buen perezoso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a optar –desde la inhibición– por las soluciones complicadas para los problemas sencillos, práctica a la que es tan aficionado. No de otra forma hay que calificar la decisión adoptada para solucionar los derechos constitucionales de los españoles una vez acabada la declaración del estado de alarma. Lo que prometió en julio del pasado año que arreglaría con una ley se transforma ahora en un decreto autorizando a los Gobiernos autonómicos su accesibilidad al Tribunal Supremo para que sea éste, desde la efectividad jurisprudencial de sus decisiones, quien dictamine dónde empiezan y dónde acaban las atribuciones autonómicas para decidir sobre movilidad ciudadana y toques de queda. Es decir, que sea la Justicia la que legisle por pasotismo manifiesto de Gobierno y Congreso. ¡Y nos asombrábamos de la politización de la Justicia! ¿La hay mayor?
A falta de leer la letra pequeña y por lo que se va conociendo, la decisión del Consejo de Ministros no es más que un burdo intento de solucionar el problema de una de las partes. Porque nada dice de la facilidad para que sea el ciudadano, además de cada Ejecutivo autonómico, quien pueda acceder en igualdad de condiciones al TS en defensa de sus derechos reconocidos en la Carta Magna.
Con la probada anticipación de que ha hecho gala en temas sanitarios, el presidente Núñez Feijóo –el primero que aludió a esta situación de inseguridad jurídica hace ya muchos meses– se sacó de la chistera una ley que, en cuanto que rozaba la Constitución, fue recurrida por el Gobierno central en una nueva evidencia de quien ni come ni deja comer. Un recurso que el líder gallego se tomó como particular ofensa partidista sin reparar en que por encima de las formas está la cuestión de fondo de si su ley vulnera o no los derechos ciudadanos. No es descartable que Sánchez actuase, como acostumbra, de forma torticera; pero a la Xunta debiera preocuparle, más que ese pretendido capricho, si de verdad la ley conculca o no derechos constitucionales que amparan al ciudadano por encima de quienes le gobiernan. Y esa preocupación aparece huérfana en la controversia surgida con dicho texto legal.
Por otra parte, no es la primera vez ni será la última que desde Galicia se escuchen lamentaciones por caprichosas decisiones gubernamentales que tendrían plena cabida reivindicativa por la vía de los tribunales. El caso de los millones adeudados por el Gobierno a las autonomías por gastos del Covid y que Castilla León se apresuró a reivindicar con éxito ante la Justicia es un claro ejemplo de la necesidad de acción antes que de lamentaciones.
La necesidad de vacunar a las gentes del mar reclamada y urgida por la Xunta se enmarca en esas decisiones de racionalidad y obligado cuidado de la salud pública –acentuada por la situación de los buques confinados en Vigo, Las Palmas, Bilbao y Valencia; dos de ellos al menos con presencia de la cepa india del Covid– que, quiéralo o no Madrid, el Gobierno autonómico debiera tomar, desde la confianza de que la Justicia acabará por darle la razón ante una hipotética denuncia.
Porque gobernar es tomar decisiones, con el gratificante valor añadido de que, como bien nos acaba de enseñar la presidenta madrileña Díaz Ayuso, los ciudadanos lo aplauden y agradecen.