Política y cloacas
EN medio del incontenido suceder de despropósitos en que se ha convertido la política en estos tiempos, con olvido de elementales principios éticos o morales, ha pasado poco menos que desapercibido para la adormecida sociedad civil un hecho que por su gravedad bien mereciera la categoría de capital en cuanto es revelador y condensa en sí mismo ese lado más deleznable de lo público y entra de lleno en lo intolerable.
Del desvarío nacionalista vasco y catalán sabíamos esa tristemente tolerada siembra de odio hacia el discrepante que en la política tiene su traducción en el cordón sanitario que supone negar toda actividad parlamentaria a Vox, caso del País Vasco, o vetar a este mismo grupo político su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento, en el caso catalán. Sin duda, dos claros ejemplos de intolerancia y parcialidad que tan poco tienen que ver con el talante democrático que es exigible a todo partido cuando niega a otra formación la legitimidad ganada en las urnas. Una bofetada que se da en la cara de la ciudadanía con este manifiesto desprecio de sus votos.
Pero, en el caso catalán, lo conocido ahora pasa del encarnizado odio a límites delincuenciales y, para más vergüenza, concreta en la débil parte del inofensivo funcionariado un desprecio que se es incapaz de ejercitar contra su verdadero destinatario, el Estado. Es decir, suma la cobardía a la agresión.
Que la Generalitat desprecie a Guardia Civil y Policía Nacional en la aplicación del consensuado acuerdo de vacunación anti-COVID para grupos de riesgo, con apenas un porcentaje del quince por ciento ejecutado frente al ochenta por ciento que se lleva inoculado ya a los miembros del cuerpo policial de los Mossos d’esquadra, es una nueva bofetada que se quiere dar al Sistema pero en la cara de quien menos lo merece, las fuerzas del orden. Pero además, se adentra por los caminos de una exclusión a todas luces ilegal y que, por discriminatoria, tiene una muy concreta calificación en el vigente código penal.
La intolerable marginación, que debiera ser perseguida de oficio con toda la firmeza posible por la adocenada Fiscalía del Estado, sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en una nueva y manifiesta muestra de debilidad frente al amigo independentista en la medida en que descubre su pasividad ante esta nueva deslealtad institucional –que debiera ser frenada desde Madrid con una provisional asunción de competencias–. Una flaqueza que se acrecienta con la decisión de la ministra de Sanidad de que sea su departamento el que corrija, vacunando con sus propios medios, la desobediencia de la Generalitat. Es decir, no sólo la toleran, sino que la disculpan por la vía de los hechos consumados.
Jaume Vicens Vives, historiador represaliado por el franquismo, controvertido y reverenciado a partes iguales, sintetizaba la esencia de esta Comunidad –en Notícia de Catalunya, el primer libro de la posguerra editado legalmente en catalán– en los arquetipos antropológicos del seny y la rauxa. El seny, como expresión del sentido común, la prudencia y el pragmatismo; la rauxa –el arrebato–, como determinación irreflexiva, en la “que obedeces a los impulsos emocionales, te dejas llevar por la pasión, sin sopesar las realidades ni mesurar las consecuencias de tus actos”, cual volcánica fiebre que lo arrasa todo. Pero las lecturas de Sánchez no tienen tanto alcance y pasa lo que pasa.