Por lo civil o por lo criminal
EN esta España de bueno y malos en que las formaciones políticas de izquierdas han dividido la sociedad, no tiene fama el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón de ser muy proclive a los intereses de la derecha, como se deduce del exhaustivo trabajo llevado a cabo –como era su deber– cuando cayeron en sus manos temas de presunta corrupción que afectaban a esa parte del espectro político que, en el sentir de la izquierda actual, nace con el estigma de la corrupción y al que hay que perseguir por lo civil o lo criminal.
De modo que, siquiera sea porque lo consideran de los suyos, la resolución de desestimar la denuncia contra la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso por falta de la más mínima evidencia delictuosa debiera ser razón de peso para admitir el error de la acusación y disculparse por ello. Pero no será.
La política del momento está tan absolutamente emponzoñada en el lodazal del frentismo y la radicalidad populistas que cualquier síntoma de entereza, coherencia –se vio con Mónica Oltra– o racionalidad es pura fantasía.
El caso de la presidenta madrileña, visto desde la singularidad de lo denunciado por PSOE, Podemos y Más Madrid, no es más que un manifiesto intento de garantizarse una pena de telediario que favorezca la criminalización del adversario político, como se vio en estos nueve meses de continuada descalificación.
Porque el más elemental análisis profesional advertiría de la dificultad de sacar el petróleo de la condena judicial de lo que, lo dice Luzón, “no ha superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas”. Lo sabían en La Moncloa y por eso negociaron a sabiendas con esa mercancía averiada con Pablo Casado y Teodoro García Egea en quienes pudo más el deseo de frenar las legítimas aspiraciones de una compañera que ver el manifiesto infundio que ponían en sus manos. Y García Egea aún no ha dimitido del Congreso.
Pero visto en perspectiva de la persona cuya difamación se pretende el suceso hace el número veintidós en otros repetidos intentos de denuncias dolosas que a la postre acabaron en otros tantos sobreseimientos. Y es ahí donde debe surgir la pregunta de si es esta continuada y torticera judicialización de la política lo que los ciudadanos demandan de los supuestos servidores públicos. Bien es cierto que dócilmente amplificada por unos medios de comunicación demasiado apesebrados en las migajas del poder.
En su artículo 456, nuestro Código Penal regula el delito de acusación y denuncia falsas que castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. Puede que desde la literalidad de la norma aplicada a cada caso sea difícil determinar esa falsedad. Pero no es tan difícil deducirlo desde la reiteración de denuncias que acaban, en su totalidad, en el rechazo de las mismas.
En suma, razones suficientes sino para un delito de acusación falsa, como debiera, al menos para la exigencia de responsabilidades políticas en una democracia que se quiera tal. Y tampoco será.