Por si quedaban dudas

EL estado de alarma por la pandemia ha dado a la clase política oportunidad de mostrar los defectos que mayormente la distinguen: deslealtad institucional, desprecio de las legítimas expectativas ciudadanas y mal uso de armas dialécticas. Les costará maquillar su imagen.

La primera es condición de la que no se deben dispensar de ninguna manera; y dando por descontado que los partidos de la Oposición están obligada a presentar al Gobierno cuantas reproches a su juicio merezca, estos han de hacerse con oportunidad y coherencia. Decir que se está con el Gobierno y luego plantearle una enmienda a la totalidad de las medidas tomadas para detener al coronavirus, es tener un concepto peculiar de lo que significa la lealtad con las instituciones.

Lo que quiere y aprecia de sus representantes políticos la ciudadanía sin encasillar es que en situaciones extraordinarias y en los asuntos de estado aparquen las diferencias, no que las exhiban: ni la posesión ni la conquista del poder justifican la negativa a cumplir tan prudente aspiración. Cierto es que la coalición gobernante tendrá que responder de todas y cada una de sus decisiones cuando se supere esta emergencia nacional, pero a sus opositores se les medirá por las suyas.

Se puede hacer crítica con la dureza que demande la gravedad de los hechos, pero se le pone como condiciones: que esté fundada y respete la regla de oro de la política democrática: los que sostienen otras opciones son adversarios, que no enemigos; distingo que excluye la descalificación y el insulto personal. Lo mismo se diga de las propuestas alternativas, que no han de parecer caídas en la tentación de la demagogia o del populismo rastrero, sino fruto de la reflexión serena.

Ejemplo de una que retrata a sus autores: retirar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales. No se sabe qué temer más, si la inhumanidad que revela o la ignorancia de las consecuencias que se seguirían de aceptarse.