Preámbulo constitucional
EN este tiempo convulso, incierto, de control, de manipulación, de desencuentros, donde encontramos tantos espacios de inseguridad y de perplejidad, el preámbulo de la Constitución de 1978 nos ayuda a recordar cuales son las bases de nuestro sistema constitucional y de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
En efecto, del preámbulo de la Carta Magna Española podemos entresacar algunos conceptos jurídicos indeterminados que la soberanía nacional ha querido que quedaran para la posteridad, tales como “orden económico y social justo”, “imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular”, “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, o también: “Asegurar a todos una digna calidad de vida”.
En el preámbulo, pues, se reconoce como objetivo constitucional la protección de los derechos humanos, elemento central del Ordenamiento jurídico. Se prevé, igualmente, la protección de los pueblos de España en el ejercicio de su autonomía expresada en la lengua, la cultura, la lengua o las instituciones propias. Llama la atención que el parágrafo en que se trata de los derechos humanos es el mismo que el dedicado al reconocimiento de las singularidades de los pueblos de España, como si el constituyente quisiera subrayar la complementariedad de la protección de los derechos humanos con la protección de los entes políticos territoriales y sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones.
Finalmente, la Constitución Española encomienda a los poderes públicos asegurar a todos los ciudadanos una digna calidad de vida. Tal objetivo constitucional, que obliga a poder ejecutivo, judicial y legislativo, a cada uno respetando su particular forma de realizar su tarea constitucional, está hoy, en tiempos de pandemia, de gran actualidad ante el calibre de los daños, muchos irreversibles, que en este tiempo está causando quien debiera ser el mayor defensor de la juridicidad, de la dignidad humana y del interés general.
Por eso, precisamos, sobre todo, justicia pronta, independiente y de calidad. Ante la impronta totalitaria que pretende de nuevo aherrojar y dominar la vida social, los jueces y tribunales son la garantía de la preservación de la democracia y del Estado de Derecho. Hoy más que nunca.