Precario Estado de derecho
A falta de un riguroso y metódico trabajo de sistematización sobre el sistema democrático español, que se ofrece cada día en su ingente y variada casuística en los medios de comunicación, hay que recurrir al más impreciso imaginario colectivo para encontrar en esa suma de subjetivos pareceres ciudadanos una aproximación fidedigna para determinar cuáles son hoy en día los estándares de calidad del Estado de derecho en nuestro país y saber de sus abundantes talones de Aquiles que desdicen, desde los hechos, el mandato constitucional de separación de poderes, pilar fundamental de toda democracia.
Como impresión generalizada, no es exagerado concluir que la visión del momento dista de ser la que los padres de la Constitución llevaron a la Carta Magna con voluntad de situarnos en los primeros puestos del ranking mundial de excelencia democrática que encabezan Noruega, Nueva Zelanda o Finlandia, según el baremo del británico The Economist.
Una más precisa aproximación a la realidad es la que ofrecen la UE y el Consejo de Europa desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) que ya realizó severas advertencias a España sobre las deficiencias democráticas y la necesidad de profundizar en la división de poderes.
Ahora, el viernes último, de la mano de la Fundación Hay Derecho, de acreditada neutralidad, en colaboración con la cátedra de Buen Gobierno y transparencia de la Universidad de Murcia acaba de publicarse un documentado informe que analiza el Estado de derecho entre 2018 y 2021 y que no sólo coincide con aquel imaginario colectivo o el dictamen del Greco sino que ahonda en el “deterioro persistente” de nuestra salud democrática tanto desde el análisis de casos concretos como desde un plano cuantitativo.
No obvia el informe el contexto
de especial complejidad del perio-
do analizado con los estertores del Procés, la pandemia del covid y, aún, la fragmentación política y clima de desencuentro que marcan la actual legislatura para concluir, en todo caso, que las consecuencias son desoladoras.
Por decirlo con sus palabras “el análisis de los indicadores propuestos (Poder judicial; Fiscalía del Estado; Poder Legislativo; protección de los Derechos Humanos y condenas del Tribunal Europeo que los ampara; contrapesos institucionales, autoridades independientes y rendición de cuentas, y, por fin, transparencia y lucha contra la corrupción) pone de manifiesto un deterioro persistente de nuestro Estado de derecho que afecta a varias dimensiones esenciales para el correcto funcionamiento del mismo”.
Se incluyen, como paradigmas de ese deterioro, el menor control del Poder Ejecutivo, la consecuen-te pérdida progresiva de relevancia del Parlamento “relegado a un papel accesorio”, el deterioro de la
división de poderes, las puertas giratorias entre política y justicia, la ausencia de contrapoderes fuer-
tes y hasta la voluntaria pasividad del Tribunal Constitucional al
posponer sentencias de alto contenido político.
En suma, el informe viene a poner negro sobre blanco el grave deterioro democrático que urge cambiar cuanto antes. Pero la pregunta es si cabe esperar que la solución provenga de aquellos mismos que generan el problema y lo mantienen, con su comportamiento, continuado en el tiempo.