vuestra conçiençia [...]»
El 15 de mayo de 1500 la reina Isabel I de Castilla advertía a don Alonso Enríquez de Guzmán, segundo conde de Alba de Liste, que “he sabido que no aveys tratado ni tratays a la condesa vuestra muger segund soys obligado a Dios e a vuestra conçiençia”. En esta carta, sucinta mas expeditiva, la monarca católica mostraba su “mucho enojo” con las violencias ejercidas contra doña Juana de Velasco y comisionaba a su contino Alonso de Villanueva, quien, en su nombre, “vos fable algunas cosas a ello tocantes” [Valladolid, Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, Cedulario, 4, 81, 1].
El 25 de noviembre de 2022 se conmemoraba el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, que el 17 de diciembre de 1999 instituía la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de las hermanas Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, activistas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana. Con todo, la vergonzante lacra del maltrato a las mujeres hunde sus raíces en las arenas del tiempo y, en el caso concreto de España, la execrable violencia de género se trata de una cuestión estructural, sistémica, que según las estadísticas oficiales, obrantes desde el año 2003, se ha traducido en más de mil ciento setenta víctimas mortales.
Como afortunadamente ocurre hogaño, cada vez con más intensidad y mayor grado de efectividad, si bien no sea suficiente aun, las mujeres de antaño acudían ante los tribunales de justicia, denunciaban a sus maltratadores y obtenían el amparo de las autoridades judiciales. Así, por ejemplo, si fijamos nuestra mirada en las vastas tierras de la Corona de Castilla, observamos cómo el 21 de noviembre de 1478 se encomendaba a Luis Portocarrero, señor de Palma del Río (Córdoba), la averiguación de los malos tratos que Leonor González de Ávila recibía de su marido Pedro de Palma [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 147811, 38]; cómo el 18 de enero de 1485 se ordenaba a Pedro Manrique, corregidor de Toro (Zamora), la investigación de los malos tratos que sufría María Martínez de su cónyuge el doctor Alfonso García de San Sebastián [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148501, 25];
cómo el 5 de noviembre de 1487 doña María Pimentel de Castro denunciaba los abusos y malos tratos recibidos de don Bernardino Pérez Sarmiento, conde de Ribadavia, conde de Santa Marta de Ortigueira y adelantado mayor de Galicia [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148711, 10]; cómo el 10 de septiembre de 1493 el licenciado de Orozco, gobernador de la Orden de Santiago en Castilla, admitía la demanda de Isabel Téllez, a quien su marido el bachiller Juan Díaz de Cornago, vecino de Tarancón (Cuenca), había dilapidado sus bienes dotales y sometido a malos tratos [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149309, 149]; cómo el 4 de septiembre de 1494 el licenciado Quintalapalla, canónigo de Toledo, y García de Cotes, alcalde del castillo de Atienza (Guadalajara), indagaban la acusación de doña Catalina del Río sobre los malos tratos recibidos de su marido Fernando de Aranzo, vecino de Salamanca [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, 149409, 100]; cómo el 7 de septiembre de 1494 se mandaba al doctor de Villaescusa, corregidor de Valladolid, que emplazase al licenciado Rodrigo Sánchez de Medina y apercibiese acerca de su mala conducta con su cónyuge Isabel Guillén, a quien maltrataba con la finalidad de obtener su fortuna [Valladolid, Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, Cedulario, 1, 135, 3]; cómo el 18 de noviembre de 1494 Mencía de Vargas solicitaba el amparo del corregidor de Toledo frente a los malos tratos de su cónyuge Pedro de Pedrosa [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149411, 90]; o cómo el 19 de octubre de 1496 mosén Gonzalo de Bañuelos, corregidor de Carrión de los Condes (Palencia), comenzaba sus averiguaciones a raíz de la denuncia de doña Isabel Ruiz, cónyuge de don Juan de Cisneros, señor de Camporredondo, que antes se había casado con Alonso de Vozmediano, cuyo hermano Juan de Vozmediano, a través de los malos tratos, había logrado y dilapidado sus bienes dotales [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149610, 101].
En ocasiones, la víctima de los malos tratos se trataba de una ascendiente o descendiente femenina, como acaece en el caso de Juan Uzarraga de Vergara, a quien, el 5 de agosto de 1484, se encausaba acusado de mesar y azotar a su madre Domeja de Loyola [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148408, 72]. Asimismo, a veces, los denunciantes eran allegados de las mujeres agredidas, como ocurre el 15 de enero de 1485 cuando el bachiller Juan de Paz, alcalde mayor de Jerez de la Frontera, recibía las acusaciones de Catalina de Gallegos, vecina de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), contra su yerno Gómez de Saavedra [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148501, 28], o el 10 de noviembre de 1488 cuando el bachiller Francisco de Vargas, corregidor de Palencia, asumía la demanda de Diego de Melgar e Inés de Melgar contra su yerno Gonzalo de Reinoso [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148811, 170].
En el ordenamiento jurídico contemporáneo, se contempla cómo las medidas de protección y las condenas resultaban heterogéneas. En este sentido, en orden creciente,
el 3 de abril de 1492 Honorato de Mendoza, corregidor de Salamanca, albergaba a doña Aldonza de Guevara en una comunidad monástica mientras ahondaba y dictaminaba acerca de los malos tratos de su esposo Juan Maldonado de Fontiveros [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149204, 150]; el 8 de noviembre de 1499 las justicias de Guadalajara ordenaban a Fernando Díaz la devolución de la dote de su esposa Isabel de Torres, quien, si regresaba a la convivencia matrimonial, recibiría fianzas [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149911, 42]; el 26 de febrero de 1500 se emitía una carta de seguro a favor de Inés González de Ávila, hija de Juan de Alcocer, quien, a causa de los malos tratos sufridos, recelaba de su esposo Juan Martínez de Tamayo [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 150002, 276]; el 12 de marzo de 1495 doña Inés de Peralta, hija de Pedro de Peralta, señor de Almenara (Cuenca), había obtenido la separación de su marido Francisco de Madrid, vecino de Guadalajara, a causa de sus malos tratos, demandando ahora la devolución de la dote y las arras esponsalicias [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 149503, 296]; el 31 de marzo de 1586 Bartolomé de Narváez fue hallado culpable de la muerte de su cónyuge a causa de los malos tratos infligidos y fue sentenciado al destierro perpetuo de Nueva España, condena más tarde conmutada con el extrañamiento vitalicio de la ciudad de Méjico [Sevilla, Archivo General de Indias, México, 1091, l. 11, fols. 307r-v]; o finalmente, el 2 de noviembre de 1487 Juan Delgadillo, vecino de Burgos, fue condenado a muerte debido a los múltiples agravios y malos tratos propinados a su hermana Beatriz Delgadillo [Valladolid, Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, leg. 148711, 51].
En definitiva, en estas líneas, conmemorativas y reivindicativas del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, hemos mostrado mujeres víctimas de malos tratos en la esfera familiar, fundamentalmente en el ámbito matrimonial, que no se quedaron calladas, fueron fuertes y valientes, y en un contexto social que aparentemente sería escasamente favorable, salieron de su enclaustramiento, buscaron y encontraron el amparo efectivo de las autoridades judiciales. Como afirmaría la artista extremeña Bebe, fueron mujeres conscientes de su alma, que rompieron las reglas marcadas. ¡Ultreia et Suseia!