Señales de humo electoral
LA necesidad que tienen las dos facciones del Gobierno de repetir cada día que su coalición no peligra es indicador de lo contrario. Tanta insistencia es síntoma de que la legislatura podría tener los meses contados. Las desavenencias se multiplican y agravan, sospecho que de manera forzada para ir preparando el terreno hacia una un inevitable adelanto electoral. Las discrepancias, que pueden considerarse lógicas entre dos partidos distintos e incluso dentro de una misma formación, se han convertido en fuertes encontronazos, con episodios de mutua deslealtad muy difíciles de revertir. El deterioro de la relación, un año después de consumado el matrimonio de conveniencia, parece irreversible. E igual que les convino estar juntos sin quererse, romperán en cuanto perciban perjuicio. La dedicación exclusiva de Iglesias a visualizar las diferencias con la parte contraria tiene como objetivo provocar la ruptura.
Las diferencias internas dentro del Gobierno español no tienen parangón en ningún otro ejecutivo de coalición de los muchos que hay en Europa. En Italia, lo más parecido a nosotros, buscaron una salida pragmática. Digamos que una solución técnica, inspirada por la Unión Europea. Se deposita la confianza en alguien solvente, sobre todo en esta hora de gestionar los fondos europeos. No es la primera vez. En España no tenemos ningún Draghi. Tampoco los grandes partidos se atreven con la gran coalición. Ni tampoco tenemos una Merkel, que se adelantó a la historia alcanzando acuerdos con los socialdemócratas que no solo beneficiaron a su país sino que salvaron a la UE. Por el contrario, aquí tenemos un vicepresidente cuya prioridad, con la que se nos viene encima, es pedir al indulto para un rapero multidelincuente.
Sánchez puso a Tezanos a hacer horas extras para influir en las elecciones catalanas. Su principal consecuencia fue el ascenso de Vox. Ahora estará trabajando para calcular cuando le conviene al PSOE romper con Podemos e ir a las urnas. Será, de hecho, otra repetición electoral, pues este año transcurrió centrado en la pandemia, con cuyo peso cargan las autonomías. No le dará tiempo a que los fondos europeos sean efectivos, pero el simple anuncio le basta.
Aprovechará también el desconcierto existente en el PP con el errático liderazgo de Casado, cuyas últimas ocurrencias causaron estupor incluso entre los más próximos. Cuenta Sánchez además con dos aliados externos de calado y encima gratis: Bárcenas y Villarejo, de quienes se esperan unos cuantos titulares explosivos en las próximas semanas.
Y además de lo dicho, el Gobierno puede prorrogar los ERTE en tanto el BCE avale la deuda española, con lo que podría sentirse con fuerzas para intentarlo por tercera vez en los próximos meses. Apostaría por el otoño. ¿Le convienen elecciones a España? No, pero a Sánchez es muy probable que sí.
El TSXG hizo diana: el daño económico puede resarcirse. El apotegma resume los argumentos con los que el Alto Tribunal gallego rechazó la medida cautelarísima solicitada por una organización hostelera coruñesa contra el cierre de los bares ordenado por la Xunta con el fin de evitar contagios. O sea, daños mayores, porque lo único no resarcible es la muerte. Las obligaciones de los gobernantes son muchas, la primera preservar la salud por encima de todo. La resolución judicial no entra en el fondo del asunto, que se resolverá una vez oídas las partes. En cualquier caso, ni la hostelería, ni el turismo, ni el transporte, ni el comercio, ni ninguno de los sectores más castigados por las restricciones son responsables de la propagación del virus; lo que está demostrado es que la actividad que realizan va acompañada de relación social, el principal factor de transmisión. Nadie demoniza los bares; al contrario, son víctimas económicas y han de ser resarcidas. Para ello están las ayudas, directas e indirectas, de las administraciones. La autonómica y local responde. Si fueren insuficientes, que lo son, habrá que habilitar más fondos. Y en este sentido se echa de menos al Gobierno de España. El presidente hace oídos sordos. Es costumbre.
El martes se celebra el 40 aniversario del intento de golpe de estado en España conocido como 23-F. No habían pasado ni cuatro años desde las primeras elecciones democráticas y poco más de dos desde la aprobación de la Constitución. El país vivía una situación convulsa en lo político, lo económico y sufriendo los zarpazos del terrorismo, mucho más activa ETA que contra la dictadura. Suárez había caído, víctimas de intrigas domésticas, y ese día, 23 de febrero de 1981, el Congreso votaba la investidura de su sucesor, Calvo Sotelo, circunstancia que aprovecharon los golpistas para tratar de cambiar el rumbo de la historia. La intentona fracasó por varios motivos. La sociedad española no quería dictaduras ni dictablandas, el rey se invistió de capitán general para ordenar a los militares replegarse a los cuarteles y acatar la legalidad, los medios de comunicación alzaron sus voces y blandieron las plumas en contra de los rebeldes y, por último, el funcionamiento de las instituciones demostró hace 40 años que España ya era una democracia plena a pesar de su juventud. Supongo que a Pablo Iglesias, que solo tenía entonces dos añitos, sus padres le habrán contado, un tiempo después, lo que pasó. O se lo contaron mal o no lo entendió.