Sin explicación

LA causa conocida como Kitchen que se instruye en un juzgado central vuelve a poner de manifiesto ante los ciudadanos esa delictiva confluencia entre política y función pública. Porque en este lamentable asunto están aparentemente implicados funcionarios públicos, que desde su distinta posición política o administrativa, han contribuido a lo que parece el más burdo y repugnante atentado a los derechos fundamentales.

Que un secretario de Estado para la Seguridad de un Gobierno del Partido Popular se haya prestado a participar en esta chapucera violación del derecho de comunicación, abusando de la autoridad del cargo y malversando caudales públicos, no encuentra explicación sobre todo pensando que quien ostentaba dicho cargo es un letrado de las Cortes Generales.

Tanto tiene que aturdir la política el buen sentido jurídico como para deslizarse por la pendiente de esa repugnante ilegalidad. Es cierto que este alto cargo de Interior chapotea siempre en las fétidas aguas de las cloacas del Estado.

Pero, precisamente por desarrollarse su función en ese lodazal es conveniente que ocupe el cargo alguien con una sólida formación jurídica. No para desviarse con anuencia o no del ministro, con conocimiento o no del presidente, del carril de la ley sino para todo lo contrario: para implantar el principio de legalidad en el frontispicio de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De todas maneras veremos a donde llega a ser el recorrido procesal de tan turbia causa, que se encuentra todavía en una fase incipiente de investigación.