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ASÍ, como lo leen, o también por sus iniciales –SII– suena a negociado de servicio secreto. Pero no, ya que fue una idea de la Agencia Tributaria, en la época del ministro Cristóbal Montoro, que consiste, simplificando, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA.
Con este mecanismo, entre otras cosas, se amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Y entonces, se les permitió pagar hasta el 30, cuando venían haciéndolo antes del 20. De esta manera, lo que tendría que estar disponible en diciembre de 2017 –el año de esa innovación–, no lo estuvo hasta el 30 de enero del año siguiente. Sí, un cierto lío, que dejó, aparentemente, con sólo 11 meses de recaudación al ejercicio de 2017.
El 50 por ciento que les corresponde a las comunidades autónomas fue diligentemente incorporado a los presupuestos autonómicos desde 2018, pero de dinero, nada. Moción de censura, de Montoro a Montero, y cuando se quiso arreglar, presuntamente, la legislatura se fue al garete y los que aguardaban lo que era suyo, compuestos y sin la pasta.
Luego, tras intercambio de puyas y atribución de presuntas responsabilidades, la señora Montero sentenció que ya se había producido un ajuste en términos de contabilidad nacional, es decir, a despedirse de lo que en Galicia, por ejemplo, venía a suponer unos 200 millones de euros.
Pero hete aquí que las CCAA no se resignaron, incluidas las socialistas, y se fueron a los juzgados. Vamos, que pusieron sus pretensiones en manos de la justicia y, suponemos, también elevaron algunas preces en honor de San Raimundo de Peñafort, tenido por patrón de tan delicadas y contingentes circunstancias. Y el boomerang regresó al despacho del Ministerio en forma de recado, haciéndole saber a la titular que se había vulnerado el derecho a la autonomía financiera del ente autonómico, al menos en los casos de Castilla y León y Galicia, por lo que se conocía hasta ayer.
Dice el Alto Tribunal que “se ha producido un desequilibrio que es necesario corregir”, aunque la compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia. Y sus señorías subrayan al tiempo que, en virtud de la lealtad constitucional, no caben desestimaciones presuntas.
El Gobierno central, mientras discutía si eran galgos o podencos, se ha encontrado con la horma de su zapato. Quizá Montero se esté acordando de Montoro, el único catedrático que fue dos veces ministro de Hacienda. Menudo follón armó, con acento andaluz.