Tres falacias sobre el empleo público
DE un tiempo a esta parte es común leer y escuchar numerosas críticas y falsedades a cerca del empleo público en nuestro país, sobre todo procedentes del populismo de derechas. En concreto, en este artículo analizaré tres de ellas: (I) la evolución positiva del empleo se debe a la contratación pública a costa del sector privado; (II) este último debe sostener al primero; y para más inri (III) lo sueldos que pagan las administraciones son de mayor cuantía.
Empecemos por la evolución del empleo, ahora que tenemos frescos los datos de la EPA del último trimestre de 2021. Hemos cerrado el año con 20,2 millones de trabajadores, unos 200.000 más que hace dos años (último trimestre previo a la pandemia). Con respecto al año pasado, el aumento ha sido espectacular, de un 4,3%. Es cierto que el empleo privado aún se mantiene muy ligeramente por debajo de los niveles de 2019, por lo que el diferencial se debe al público. Pero esto solo es una imagen estática, un saldo entre dos fechas que ignora la dinámica a lo largo de estos 24 meses.
Durante los meses del confinamiento el sector privado, como era de esperar, destruyó 4,4 millones de puestos de trabajo (salvados la mayoría por los ERTEs), mientras que el público apenas logró crear 10.000. Desde mayo de 2020, el número de afiliados del sector privado aumentó en 4,6 millones, los del público en algo más de 200.000. Es decir, la peor parte de la pandemia se la ha llevado el sector privado, pero el fuerte crecimiento desde mayo se debe a la evolución de este último.
Segunda falacia. Es habitual ver alguna noticia cada cierto tiempo sobre que los trabajadores del sector privado son los que sostienen a través de los impuestos a un número similar de personas que perciben una nómina pública, entre los que se encuentran los funcionarios. Incluir en este grupo a los empleados públicos es un error, ya que parte del supuesto de que éstos no aportan valor añadido por su trabajo.
Es cierto que, generalmente, es el mercado el que mejor hace esta tarea, pero eso no implica que el público no lo haga. Piense por ejemplo en la justicia, en la sanidad o en la educación. ¿El sector privado podría hacerlo de manera más eficaz y eficiente? Depende. En algunas circunstancias, como en el caso de los bienes públicos o cuando se generan externalidades negativas, probablemente no.
Tercera y última falacia. Si tomamos el salario medio pagado por el sector público y por el sector privado podemos observar una diferencia de 1.066€. ¿Eso significa que los funcionarios cobran más por el mismo trabajo? No. Estamos comparando dos grupos heterogéneos de trabajadores, por lo que debe ajustarse por formación, experiencia y otras características. Las diferencias entre unos y otros explican dos tercios de la brecha salarial. De hecho, en los deciles superiores las diferencias juegan a favor del sector privado.