de dudas
SE cumple un año de la salida de España del rey emérito Juan Carlos I después de que el desvelamiento de sus presuntas irregularidades fiscales y otros delitos conexos comenzara a suponer un grave perjuicio para la Corona y para el trabajo de su hijo, Felipe VI, por renovar el aire de la institución que había comenzado a aplicar desde el momento en el que asumió la jefatura del Estado.
En este tiempo el rey emérito ha realizado dos regularizaciones fiscales por unos cinco millones de euros con las que sus abogados defensores creen saldadas sus cuentas con la Hacienda pública y por tanto no habría ningún motivo de orden fiscal y penal que impidiera su vuelta a España, sin riesgo de verse sometido a un proceso judicial. Sin embargo, las finanzas de don Juan Carlos siguen siendo investigadas por el fiscal de Ginebra Yves Berzossa, que indaga en la causa del ingreso de 65 millones de euros por parte del rey saudí –comisión por el AVE a La Meca?– que posteriormente donó a su amante Corina Larssen, y por otro lado las ramificaciones de los movimientos económicos de cuentas en paraísos fiscales relacionadas con el monarca, que él niega que sean suyas. Hasta que el fiscal suizo no dé por concluida su investigación -sumada a las periodísticas- no podrán comenzar a despejarse las dudas sobre el futuro del rey emérito, que se está en Abu Dabi.
Porque uno de los principales problemas en torno a la situación actual del rey emérito –del que no se discuten sus aportaciones a la recuperación de la democracia en España– es si no se seguirá produciendo un goteo de informaciones sobre sus asuntos económicos, que aún queden flecos pendientes por desvelar que puedan cambiar su situación fiscal con derivadas judiciales, que no harían sino perjudicar su propia imagen y que sería utilizado para erosionar la de la Monarquía.
La evidencia es que el emérito no está investigado o procesado por la justicia suiza ni por la española, ni por la Agencia Tributaria, lo que lleva a que se generen más dudas. Una: si ha recibido trato de favor por parte de la Fiscalía, el Supremo o Hacienda. Dos: ¿por qué se retrasa su vuelta?