Una España incierta
NO sé si los fastos asociados a la celebración hoy en Sevilla de los 40 años de la llegada al poder de Felipe González serán suficientes para ocultar la zozobra judicial, política y económica en la que se encuentra el país bajo el actual Gobierno de coalición. Los propios Presupuestos Generales del Estado (PGE) son una muestra evidente de las discordancias que primero tuvieron lugar entre los miembros del Ejecutivo, luego con sus socios de investidura, y más tarde con Bruselas.
De hecho, deberían ser mejor explicados e incluso corregidos para tranquilidad de los organismos de supervisión nacionales e internacionales. Y es que mientras las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, definen los PGE como “prudentes”, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) habla de “falta de realismo”, y de ingresos y gastos “viciados” (lo que Funcas denomina “cuentas desequilibradas”).
La “recesión técnica” asociada al crecimiento negativo continuado parece inevitable (el PIB ya se frenó al 0,2% en el tercer trimestre). El Instituto de Estudios Económicos (IEE) opina igual, teme la carga fiscal sobre las rentas medias (algo que también lamenta en términos de impuestos y costes el Círculo de Empresarios), y habla de pérdida de competitividad y de debilitamiento del empleo (a lo que Funcas añade el peligro de los impagos). El FMI y el Banco de España también alertan sobre previsiones de crecimiento irreales, rebajando sustancialmente las expectativas del Ejecutivo español.
A esta situación de incertidumbre y riesgo, sobre la que nos advierte de igual modo el BBVA Research, debemos añadir otras variables inquietantes, como el aumento de los tipos de interés; la pérdida del poder adquisitivo y salarial de los españoles; la brutal subida de precios (desde alimentos básicos, hasta hipotecas y materias primas); los efectos nocivos de la inflación sobre la sociedad (en torno al 8%); el aumento paulatino del paro (que roza los tres millones de desempleados y eleva la tasa juvenil al 31%); y las restricciones incluso energéticas que nos exigen las Administraciones, o nos autoimponemos las familias y las comunidades de vecinos.
Sorprende que sean sólo los sindicatos y asociaciones independientes las que estén saliendo a las calles a protestar, mientras los dos grandes grupos sindicales se pliegan, una vez más, al planteamiento ideológico y partidista de PSOE y Unidas Podemos.
No parece lógico que lo que hace apenas unos años (con otro Gobierno y un menor impacto en empresas y familias) era motivo de reivindicación y hasta de huelgas, hoy sea asumido con servil complacencia; y más cuando Bruselas indica que España no está invirtiendo correcta y ágilmente los Fondos Europeos adjudicados a nuestro país, e incluso amaga con fiscalizarlos.