Una grave irresponsalibilidad institucional
QUE el Consejo General del Poder Judicial lleve más de tres años caducado en su mandato sin que se atisbe, a esta altura del tiempo transcurrido, siquiera, una voluntad política de proceder a su renovación, constituye, sin género de duda alguna, una manifiesta y descarada muestra de la insensata irresponsabilidad que caracteriza a una buena parte de nuestra actual clase política.
Hay instituciones en el organigrama de un Estado de Derecho que deben merecer todo el respeto y la atención por parte de los políticos que asumen la gobernanza de la nación, por cuanto vienen a constituir piezas esenciales en el engranaje y normal desenvolvimiento del mismo y, uno de ellos, lo es, sin la menor duda, el órgano de autogobierno de los jueces y magistrados que viene a garantizar la independencia y autonomía de los mismos, en cuanto poder, que son, en el marco de las modernas sociedades democráticas
Llama poderosamente la atención que el propio presidente del Gobierno, al ser interrogado por este importante tema, se manifieste en términos de impotencia absoluta, sin dar la más mínima esperanza a una próxima resolución del mismo y, en paralelo, resulta escandaloso que el líder del principal partido de la oposición siga enrocado en conseguir una modificación de la legislación orgánica judicial, como premisa ineludible para acceder a la renovación de este órgano constitucional.
Seamos serios y responsables. El autogobierno de los jueces, como su propio nombre indica, más allá de la interpre-
tación judicial, no muy contundente,
todo hay que decirlo, que en su día se hizo, tras la constitución del primer Consejo General del Poder Judicial en el año 1980, exige y requiere la elección de doce miembros, jueces y magistrados, por el propio estamento judicial de forma di-
recta y sin intervención de ningún otro poder del Estado.
Esto es algo que parece indiscutible y que sólo la interesada mente política de algunos logró desdibujar, dando al precepto constitucional que así lo establece una forzada interpretación que no dejó de sorprender, incluso, al propio Tribunal Constitucional que la refrendó. Pero, ahora, resulta inaplazable ya la renovación del actual Consejo del Poder Judicial.
Por tanto, déjese de marear por más tiempo a la perdiz y procédase a renovar inmediatamente ya el actual consejo caducado en su mandato hace más de tres años y refórmese, por supuesto y sin demora también, el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial.