Una ley para la Corona
EL expresidente del Gobierno, Zapatero, acaba de manifestar que ve necesaria una Ley de la Corona. Durante su etapa al frente del PSOE y del Gobierno consideró que ese asunto no era urgente ni necesario. ¿Habrían ocurrido los hechos conocidos que condujeron a la situación actual de haber existido esa Ley cuando se apreció su necesidad?
Relevantes constitucionalistas lo habían advertido, de modo que, al afectar al conjunto de la familia real, a partir de su cabecera, nos hubiéramos ahorrado episodios como las andanzas de Urdangarin, o las propias peripecias judiciales del rey honorífico que ahora tan benévolamente se cierran. Frente a todas las letanías exculpatorias de sus leales súbditos, ahí queda la renuncia de su hijo a la herencia nutrida por comisiones y paraísos fiscales, la retirada de su sueldo o la salida del país.
Los escándalos que envolvían la Corona que recibió Felipe VI obligó a este a dictar una extensa norma de conducta bajo el título de Criterios de actuación de los miembros de la Familia Real y de las actividades de la Casa de Su Majestad el Rey, y una Normativa sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real. Conviene recordar, a propósito de Urdangarin, que en su disculpa llegó a decirse que “hacía lo que veía hacer”, ni tampoco hay que olvidar el caso del que fuera jefe de la Casa Real y más tarde asesor de Felipe VI, Rafael Spottorno, que sería condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo por el uso indebido de 235.818 euros de las tarjetas black de Cajamadrid, de cuya fundación era presidente, entidad rescatada con el dinero de los contribuyentes españoles.
Ni el PP ni el PSOE tuvieron prisa en abordar el asunto de la Ley de la Corona. Pese a declararse “repúblicano”, el PSOE marcó su concurrencia sobre el asunto con la derecha, cuando se habló de la necesidad de esa ley. Fue Elena Valenciano la que hizo de portavoz y dijo “Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía”. Se concluyó que el asunto no era urgente ni tenía prisa, como si no lo fuera regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías.